Se definen como "un recurso humano altamente calificado". Un contingente de más de 6.000 médicos venezolanos que viven en España y que se ofrecen para atenuar, entre otras, la crisis en la que está inmersa la Atención Primaria en nuestro país por la falta de profesionales. Están dispuestos a trabajar "en cualquier centro de salud, hospitales públicos o centros privados", aseguran. Ponen el foco en la Comunidad de Madrid, inmersa en una enorme crisis por el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. Así lo explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Giovanni Provenza, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España (AMEVESP). En la actualidad, explica, hay 1.100 médicos de este país esperando la homologación de sus títulos.

Un porcentaje que, explica, se traduce en un 25% de facultativos que no trabajan por no tener su título homologado (el tiempo medio para la resolución del expediente es de 24 meses). El doctor Provenza, actualmente haciendo su residencia de Traumatología en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas (Madrid), representa a un colectivo de médicos que salieron de su país y se asentaron en el nuestro y que tienen "un perfil bastante diverso y variable. Algunos ya están incluidos en el Sistema Nacional de Salud, a través del MIR, y muchos están trabajando en la sanidad pública y privada", detalla.

El objetivo de su asociación, abunda, "es ayudar y orientar en el proceso migratorio". En esa línea, se han reunido con el Ministerio de Educación para el tema de la homologación de sus títulos. Precisamente, en octubre, el Gobierno aprobó la actualización y modernización de los requisitos para las solicitudes de equivalencia de títulos extranjeros. Las últimas cifras que baraja el doctor Provenza es que 1.100 colegas están esperando la homologación de sus títulos de médicos generales.

Han mantenido reuniones con el Ministerio de Sanidad por el tema de los reconocimientos de las especialidades que, matiza el médico, "es mucho más complicado"

Porque, precisa el representante de los facultativos venezolanos, también han mantenido reuniones con el Ministerio de Sanidad por el tema de los reconocimientos de las especialidades que, matiza, "es mucho más complicado". Añade que "no hay voluntad política de que eso fluya y no están reconociendo los títulos de especialistas de los médicos extracomunitarios". Alude a facultativos formados en otros países que "no pueden trabajar de especialistas en España y ejercen en medicina general, y en el mejor de los escenarios, les contratan en la medicina privada trabajando como especialistas sin tener esa formación. "Todas las autoridades lo saben, se hace la vista gorda", critica el presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España.

Médicos venezolanos en Madrid

Sólo en la Comunidad de Madrid, continúa, hay 710 médicos venezolanos. "Es variable, unos a través del MIR haciendo su residencia; otros que terminaron la residencia en España y están trabajando de adjuntos en hospitales públicos y luego hay un gran porcentaje, la mayoría, de médicos generales en sanidad privada", señala. El facultativo explica que han tenido una reunión con la Consejería de Sanidad para ofrecer estos recursos. Habían quedado en hacer una segunda reunión con una mesa técnica para concretar pero, ese nuevo encuentro, nunca se produjo. "No hemos recibido respuesta. En el contexto covid nos ofrecimos y sí contrataron a muchos", añade.

El doctor Giovanni Provenza va más allá. Si en España hay más de 6.000 médicos venezolanos y precisamente uno de los problemas del sistema sanitario es la falta de facultativos, podrían ayudar en esas carencias. También, apunta, en la España vaciada. "Hay profesionales dispuestos a irse a zonas rurales si se les ofrecen condiciones dignas. Aquí no se trata de suplir a los médicos españoles. No hay ninguna confrontación", precisa.

Agilizar los trámites de la homologación

Precisamente el pasado octubre, el Gobierno modificaba el sistema de homologación de títulos universitarios para tratar de agilizar el proceso. El Consejo de Ministros aprobaba la actualización y modernización de los requisitos y procedimientos para las solicitudes de homologación y equivalencia de títulos extranjeros a través de un real decreto que pretende modernizar las condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas educativos extranjeros.

Actualmente son dos los procedimientos que constituyen el grueso de las solicitudes de titulados extranjeros que cada año llegan a España: la homologación y la declaración de equivalencia de títulos extranjeros.

Según ha informado el Ministerio de Universidades, el nuevo real decreto deroga, 8 años después de su expedición, a otro anterior, de 2014, que resultaba ya "anacrónico e incapaz de responder a los importantes cambios demográficos, económicos y por tanto laborales de estos últimos años". Actualmente son dos los procedimientos que constituyen el grueso de las solicitudes de titulados extranjeros que cada año llegan a España: la homologación y la declaración de equivalencia de títulos extranjeros.

Con la nueva normativa, ambos procedimientos se caracterizarán por su eficiencia y de agilidad, según Universidades. Para ello se les dota de un diseño organizativo más ágil, que supone la simplificación de los trámites, acompañado del uso intensivo de tecnologías digitales. Ello facilitará que el tiempo de resolución no supere los seis meses. Actualmente, explica el doctor Provenza, se tardan dos años en homologar el título en España. "Hay una promesa, pero de momento no hemos visto ningún expediente que haya tardado seis meses", añade.

Entre las novedades de la normativa, también, la creación de la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia (CATHDE) que formulará la propuesta de resolución en el plazo de dos meses y podrá adoptar medidas de carácter general. En situaciones concretas, como las que se refieren a las personas beneficiarias de protección internacional por afluencia masiva de personas desplazadas (es el caso de los ucranianos) se agilizará el procedimiento, y podrán sustituir la documentación exigida por una declaración responsable.