Las asociaciones Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Igeldoko Herri Kontseilua e Ieltxo Kultura Elkartea han solicitado este jueves la “suspensión de las obras de Txalin” y el “derribo” de la vivienda que se está construyendo al lado del depósito de agua, en Igeldo, ya que consideran que es “ilegal” al estar “construida en terreno rural no urbanizable”, además de pedir la “restitución de la zona”.

Por ello, han acudido a los tribunales, donde han puesto una demanda contra el Ayuntamiento de Donostia por permitir esta construcción, y están ahora “a la espera” de la respuesta judicial.

La vivienda en cuestión es un chalet de más de 1.000 metros cuadrados, con sótano, piscina y un amplio terreno alrededor que, según ha podido saber de diversas fuentes este periódico, pertenece al exfutbolista Xabi Alonso, exjugador de Real Sociedad, Real Madrid, Liverpool y Bayern de Múnich, y actualmente entrenando al Bayer Leverkusen de la Liga alemana, aunque desde las asociaciones no lo han confirmado y han indicado que no les importa “quién está detrás” de la vivienda.

Aratz Urruzmendi y Eneko Dorronsoro, portavoces de estas asociaciones, han dicho que se han dirigido en “repetidas ocasiones” al Ayuntamiento para denunciar que la vivienda, cuya construcción comenzó a finales de 2020 y está prácticamente acabada, es “ilegal” y que incluso la Guardia Municipal “abrió dos actas de obras sin licencias”. Sin embargo, el Ayuntamiento “no ha hecho nada para pararla y no existe constancia de las actas en el expediente”.

Expropiación de un caserío de Martutene

La obra proviene de una expropiación de un caserío de Martutene y el Ayuntamiento autorizó a “reconstruir el caserío a ocho kilómetros” de su emplazamiento original “claramente con el objetivo de hacer negocio”, ya que “la inmobiliaria compra la licencia y después la vende”. Para las asociaciones de Igeldo, esta “teoría supone que cualquier caserío expropiado puede ser construido en suelo rural no protegido, por lo que terminarán por ubicar en Igeldo todos los supuestos caseríos que sean expropiados”, lo que da pie a la “especulación”, algo que resulta “intolerable y vergonzoso”.

Según han indicado Urruzmendi y Dorronsoro, el Ayuntamiento de Donostia ha concedido “una licencia para reconstruir un caserío que se ha expropiado, pero lo que han construido no ha sido un caserío, sino un chalet moderno, piscina incluida”. Además, indican que el presupuesto inicial de la vivienda era de 419.000 euros, que ha ascendido a 1.250.000 euros, cantidad a la que hay que sumarle otros 700.000 de la licencia.

La vivienda, ubicada cerca del camino de Txalin, en Igeldo.

“El resultado ha sido, además de una actuación ilegal en Igeldo, una gigantesca operación especulativa que se ha materializado en que el propietario del terreno, que no era el propietario del caserío expropiado, ha vendido esa licencia ilegal en 700.000 euros al propietario actual”, han descrito.

Piscina, sótano y tipología no rural

La piscina, han comentado estas asociaciones, “no es legal” al tratarse de suelo “que no es adecuado para usos o actividades de contenido o fin urbanístico salvo los ligados al uso agropecuario”. Además, el caserío original tenía una superficie residencial de 406 metros y carecía de sotano, mientras que la villa construida en la zona de Txalin tiene 1.145 metros cuadrados con sótano, también “ilegal” por superar las medidas permitidasY el chalet no mantiene “la tipología rural” que deberían tener las nuevas construcciones “en suelo rural.

Estas asociaciones de Igeldo denuncian que el Ayuntamiento “ha concedido dos licencias ilegales” y que “los proyectos de ambas licencias sitúan la vivienda en un lugar diferente”. “Y, por si fuera poco, finalmente el chalet se ha construido en otra ubicación sin pedir ni recibir ninguna licencia”. Por ello se preguntan: “¿Cómo ha permitido el Ayuntamiento construir el edificio sin licencia?”.

También destacan que para acceder a la vivienda se está construyendo un acceso “en una parcela municipal sin autorización alguna” y “han colocado una puerta a la entrada de la vía municipal que conduce al depósito”.

Por último, Urruzmendi y Dorronsoro han lamentado que “no es un caso aislado, ya que ha habido obras ilegales en Igeldo con anterioridad”, y han insistido en solicitar “el derribo de la vivienda y la restitución de la zona”, aclarando que tienen “esperanzas” de que el juzgado les dé la razón.