La Guardia Civil registra la incineradora del Besòs en Barcelona por posible contaminación excesiva

Agentes de la Guardia Civil registran este miércoles las instalaciones de la incineradora pública de Tersa, situada en la confluencia entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. La planta es foco de una investigación judicial que trata de esclarecer si cometió supuestas irregularidades que habrían conllevado emisiones de partículas y otras sustancias contaminantes a la atmósfera por encima de lo permitido por la ley entre 2015 y 2019. La empresa es titularidad del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana. El presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la fábrica, F. R. G., figuran como investigados por un presunto delito ecológico en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona.  

Dos unidades de la Guardia Civil y varias del cuerpo sin logotipar se han desplazado temprano a la central, acompañadas por la letrada de la administración de justicia. La inspección está rodeada de circunstancias insólitas. A diferencia de lo que es habitual, Tersa ha sabido con antelación del día y la hora en que los agentes se iban a personar. Un rasgo fundamental de estas batidas es que sean imprevistas para localizar indicios del supuesto ilícito. Los registros se practican cuando la causa se halla todavía bajo secreto de sumario, lo que ya no ocurre en las pesquisas sobre la incineradora del Besòs. Así, las partes personadas en el proceso judicial han recibido notificación de cada una de las resoluciones sobre la actuación que se efectúa esta mañana, incluida Tersa, con dos de sus máximos responsables encausados.

Con la intervención, la Guardia Civil pretende comprobar los sistemas de control de las temperaturas de los hornos crematorios para verificar si el algoritmo con el que se calculan los grados en que arde la basura garantizan la combustión completa de los desechos y sus componentes tóxicos. Se trata de una cuestión esencial a despejar, dado que los informes policiales sostienen que la empresa quemó residuos “en numerosas ocasiones” por debajo de 850 grados. Es la temperatura mínima para certificar que no se liberan sustancias contaminantes al ambiente. Tersa y la Generalitat niegan incumplimientos.

A su vez, los agentes quieren chequear el funcionamiento de la planta. Se proponen verificar si el sistema automático de mediciones cumple los requisitos, cuál es el uso de carbón activo para absorber dioxinas, furanos y metales pesados y corroborar que se procede a la descarga de cenizas con medidas de seguridad. Los policías también tienen intención de rastrear en archivos informáticos, dispositivos electrónicos y documentos en papel que puedan aportar información a la investigación. A su vez, la Guardia Civil solicitó autorización para acceder a correos electrónicos que puedan guardar relación con los hechos.  

La Audiencia corrige a la jueza

Los agentes han acudido facultados a las instalaciones de Tersa por mandato de la jueza instructora de Badalona, después de que la Audiencia de Barcelona resolviera que el registro debía llevarse a cabo. La magistrada desechó en primer término la solicitud de una orden y registro que la unidad del Seprona de la Guardia Urbana solicitó el pasado enero, pero el alto tribunal le ha corregido. 

La titular del juzgado que escudriña en los hechos desestimó que se realizase la diligencia al considerar que resultaba “prematura” y desproporcionada en el actual momento procesal. El ‘caso Tersa’ nace a raíz de una denuncia que la Fiscalía presentó en marzo de 2022, después de casi cuatro años de indagaciones originadas por un aviso de la plataforma vecinal Aire Net.

En un auto, la instructora sostuvo que “no procede en este momento limitar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio”. “De la amplia documental que consta en las actuaciones, en principio, la mercantil objeto de investigación no ha infringido ninguna de las normas vigentes”, abundó la jueza en la misma resolución.

En el sumario, constan listados aportados por la Generalitat con las mediciones minuto a minuto de las emisiones contaminantes que Tersa expulsó supuestamente entre 2017 y 2021. Como ha comprobado EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, de los datos se desprenden supuestas infracciones mayúsculas y constantes de los límites legales al menos durante 10 meses de 2018 y 2019. La Generalitat responde ahora que la documentación contiene millones de registros “erróneos” por un supuesto fallo en la copia de datos. La Fiscalía ha solicitado un informe de la Guardia Civil sobre las presuntas superaciones de los baremos normativos y ha pedido explicaciones al Departament d'Acció Climàtica y Tersa.  

“Si bien es cierto que, en años anteriores, se pudo encontrar algún dato que hizo sospechar que no se estaba cumpliendo con la normativa vigente, lo cierto es que, en los controles sucesivos, al parecer, dichas irregularidades han sido corregidas”, añadía la jueza en su auto de enero pasado. Por el contrario, la Guardia Civil esgrimió que el registro era imprescindible para profundizar en las pesquisas y examinar el “‘modus operandi’ empleado para llevar a cabo los delitos investigados”. Tras la desestimación de la jueza, la Fiscalía y la acusación ejercida por Aire Net recurrieron a la Audiencia de Barcelona, que resolvió que era oportuno indagar en la incineradora. En todo caso, la plataforma vecinal teme que se haya dado una "oportunidad para manipular datos" al haberse recibido aviso con anterioridad de la inspección.