Canarias navega entre dos aguas en las batallas sobre la financiación

Canarias quiere poner huevos en todas las cestas de las futuras negociaciones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Sin embargo, esta estrategia puede trasladar mensajes contradictorios e incongruentes en dirección a sus posibles socios. Verbi gratia: el presidente Fernando Clavijo se desvinculó el miércoles del frente que articula el PP contra el concierto catalán a pesar de que desde el inicio de la legislatura mandató a su consejera de Hacienda, Matilde Asián, a lograr que los conservadores le hagan un sitio en la mesa donde se sienta el lobby de las autonomías infrafinanciadas: Andalucía, Murcia, Valencia -todas ellas gobernadas por barones del PP- y la socialista Castilla-La Mancha.

Lideradas por el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, estas tres comunidades autónomas del PP, más la castellanomanchega de Emiliano García Page, ratificaron en Sevilla el pasado mayo su histórica y sólida alianza de autonomías infrafinanciadas y no invitaron al cónclave a la comunidad autónoma ultraperiférica, quizás porque continúan sin asumir que, a pesar del Régimen Económico y Fiscal (REF), el Archipiélago está tan maltratado en el sistema de financiación como ellas.

Las autonomías peninsulares piensan igual que la vicepresidenta del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en abril afirmó en el Senado que Canarias «se encuentra en situación de superávit, no solo por las ayudas del Estado, sino por su régimen fiscal y otros tipos de comportamiento de la insularidad». Una línea de pensamiento que no ha conseguido revertir, de momento, Asián cuando se empeña en demostrar sin éxito a sus compañeros de siglas que, con REF o sin REF, las Islas están infrafinanciadas.

En el seno del gabinete de Clavijo la alarma no es solo la pérdida de financiación que supone el concierto catalán -hasta 2.550 millones menos anuales para sufragar la educación, la sanidad y las políticas de bienestar social-, sino que los recursos del REF, que ahora se consideran adicionales, dejen de serlo en el nuevo sistema de financiación que se diseñe tras el pacto con la Generalitat -como en su momento sucedió en 2009 cuando se aprobó el vigente, una situación que mantuvo el presidente Mariano Rajoy que no se solucionó hasta 2018 - y se computen a la hora de calcular los recursos que debe recibir el Archipiélago. En el Ejecutivo canario, además de ese temor, se recela que el resto de autonomías del régimen común que se sientan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que debe abordar el sistema de financiación, no asuman tampoco que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía y la propia ley del REF establecen que los recursos del fuero canario «son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente», incluida la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), y por lo tanto «no se integrarán, ni computarán, en el sistema de financiación autonómica».

Que el lobby de las infrafinanciadas abriera la puerta a Canarias en su estrategia de presión al Estado reforzaría la estrategia de la Comunidad Autónoma a la hora de explicar que los fondos que recibe del llamado Bloque de Financiación Canario no son un privilegio -como sí sería el concierto catalán- sino una compensación a las desventajas que suponen la insularidad y la lejanía. El PP busca una especie de toma y daca o de hoy por tí y mañana por mí. Un tú me apoyas en el frente anticoncierto catalán y yo en el CPFF asumo tus tesis sobre el REF y que haya más fondos para afrontar la insularidad y la pobreza.

Por este motivo, no es baladí la decisión anunciada por Clavijo el 30 de julio en Toledo de desmarcarse de la estrategia conjunta diseñada por el PP contra el cupo secesionista -como los conservadores llaman al acuerdo entre la Moncloa y la Generalitat-, por considerar que solo defiende «intereses partidistas» con Isabel Díaz Ayuso y Jorge Azcón como principales abanderados -los mismos que han sido los más beligerantes contra el traslado de menores migrantes solos desde Canarias a la Península-, pues de seguro va a complicar que la consejera Asián logre que las Islas entren en el lobby de las autonomías infrafinanciadas.

Clavijo, como anunció en el último pleno parlamentario antes del período inhábil del mes de agosto, prefiere articular un «frente social» más amplio en las Islas, basado en documentos técnicos y no en soflamas políticas.

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