La fiscalía ve "alarmante" el incremento de causas por tráfico de drogas registrado en Barcelona que dobla el de Madrid

La fiscalía califica de "alarmante" el incremento de diligencias previas abiertas por tráfico de drogas que se ha registrado en 2024 en la provincia de Barcelona, donde han pasado de 4.232 a 7.261, de las que 4.082 se refieren a sustancias que causan grave daño a la salud. Se trata de la cifra más alta registrada en todas las provincias españolas y prácticamente dobla a la registrada en Madrid, con 3.891 procedimientos abiertos, según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2024 dada a conocer este viernes.

El número de diligencias previas ha crecido en las cuatro provincias catalanas, pero lo ha hecho de forma "muy leve" en Girona y Lleida, donde ha consistido en un 2,60 y 0,53%, respectivamente, y se puede considerar "notable" en Tarragona, donde ha supuesto un aumento del 11,03% respecto a las cifras registradas el año anterior.

El ministerio público considera que la problemática del tráfico de drogas en Catalunya viene marcada esencialmente por tres factores, de los que dos son geográficos: hacer frontera con Francia, lo que convierte el territorio en el paso terrestre lógico del hachís procedente de Marruecos hacia Europa, y de la cocaína, trasladada a través de los puertos, a lo que se suma el gran espacio litoral que alberga.

Turismo

Así como una circunstancia de carácter social que deriva de lo que el delegado fiscal de Barcelona denomina como "empatía con el fenómeno cannábico" desde hace años, como reflejan las memorias de los cuatro delegados provinciales. En Catalunya se da "un fenómeno de cierta tolerancia respecto a la implantación resistente y sostenida tanto del cultivo y producción de cannabis como del tráfico a gran y pequeña escala, que se sustentan en un consumo extendido, en la proliferación de clubes cannábicos que se promocionan incluso como un atractivo turístico de la ciudad de Barcelona y en la banalización del uso del cannabis en sus distintas presentaciones", destaca la memoria.

Los fiscales se muestran preocupados por el peligro que consideran que supone que Catalunya "pase de ser zona de tránsito, esencialmente de hachís, a territorio principal de producción", como parece desprenderse de las diligencias abiertas y del incremento de "muleros" detenidos cuando trataban de sacar de España la droga (de 15 en 2023 se ha pasado a 23 en 2024). Señalan que "la benevolencia con que se observan las plantaciones de cannabis no se corresponde con el peligro que arrastra esta actividad" y lo que contribuye a la implantación del crimen organizado, en el que es frecuente el uso de armas de fuego y donde se registran "episodios de gran violencia con detenciones ilegales, lesiones y varios homicidios que reflejan con claridad una oscura realidad que viene creciendo desde hace años".

Penas benévolas

El delegado de Lleida agrega en este punto que las penas a imponer son "benévolas", ya que si el alijo es inferior a los 10 kilos de peso neto se limitará a una condena de entre uno a tres años de prisión que, salvo que consten antecedentes penales, no supondrá el ingreso en prisión. A ello, añade, se une "la detención cada vez más frecuente de extranjeros en situación de ilegalidad que son quienes trabajan en estas plantaciones, en muchos casos explotados por la organización".

Ante esta circunstancia la memoria también destaca que el cultivo de plantaciones de cannabis "suele ir acompañado de enganches ilegales al suministro eléctrico" para acelerar el crecimiento de las plantas, lo que causa "estragos en la red eléctrica" por tratarse de un consumo de electricidad tan alto que "llega a originar incendios en líneas subterráneas y en los centros de transformación".

La propuesta del ministerio público pasa por incrementar la pena prevista para el robo de electricidad con este fin, que en España consiste en multas, para equipararnos con el marco penológico de los países de nuestro entorno, donde supone penas de prisión. La fiscalía considera que ese leve castigo puede animar al crimen organizado a asentarse en nuestro país.

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