En la sentencia, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona condena al mosso d'esquadra por un delito continuado de estafa, por el que también le impone una multa de 1.800 euros y el pago de 103.500 euros de indemnización a las víctimas de la estafa.
Además, el tribunal ha ordenado remitir el fallo al Departamento de Interior para que adopte las decisiones que crea oportunas en relación con el condenado, que ha regresado al cuerpo tras disfrutar de una excedencia para montar una tienda de relojes.
Según cree probado el tribunal, el procesado aprovechó para cometer su estafa los contactos que había hecho con inmigrantes chinos durante su labor como sargento en la comisaría de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), población en la que esa comunidad es muy numerosa.
De esta manera, el agente consiguió, a través de una intermediaria, un anticipo de 103.500 euros con la promesa de conseguir el permiso de residencia y trabajo a una cuarentena de ciudadanos chinos "sin papeles".
El primero de los inmigrantes estafados fue un ciudadano chino que había sido confidente de la policía autonómica en Santa Coloma y a quien el procesado llamó por teléfono asegurándole que, gracias a su profesión, podría conseguirle permiso de residencia y trabajo a cambio de 3.000 euros.
El confidente entregó al agente 1.500 euros en efectivo como adelanto para conseguir los "papeles" en una conversación en la que ejerció de traductora otra joven china que también se convertiría en víctima de la estafa urdida por el mosso.
A través de esa traductora, Gaietà Martínez recibió en noviembre de 2007 un total de 15.000 euros como anticipo para la regularización de quince personas chinas, cuya identidad no se ha podido averiguar.
Días después, añade la sentencia, la traductora entregó al agente en excedencia 27.000 euros más como adelanto para la regularización de otros 27 compatriotas "sin papeles".
No contento con esa cantidad, Gaietà Martínez llamó a la traductora para decirle que necesitaba 2.000 euros más por persona para tramitar la documentación: la joven consiguió reunir 36.000 euros y que unos tíos suyos le prestaran otros 24.000 euros reclamados por el agente en excedencia.
Para llevar a cabo el intercambio, Gaietà Martínez quedó en la cafetería de la estación de Francia con la traductora, que le puso en las manos 30 sobres con 2.000 euros cada uno.
El agente policial se marchó prometiendo a la joven volver con los permisos de trabajo, pero nunca regresó y, días después, le envió varios mensajes a su teléfono móvil advirtiéndole de que no debía denunciar el caso porque la compra de documentación constituye delito.
