La Policía Nacional detuvo a 30 personas, siete de las cuales fingían ser padres de los otros 23 arrestados que decían ser sus hijos, por estafar a la Administración y falsificar documentos para obtener el permiso de residencia. Según informó la Dirección General de la Policía Nacional, los ficticios descendientes pagaban entre 2.000 y 3.000 euros por encontrar un progenitor de nacionalidad española y regularizar así su situación España. efe
