La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia ha impuesto tres años de prisión al único acusado en España del fraude multimillonario a inversores valencianos en Chile. El procesado ha sido condenado por un delito de apropiación indebida y absuelto de un delito de estafa. El condenado, Carlos G. F., deberá indemnizar a la víctima con 110.000 euros y pagar una multa de 2.400 euros, según la sentencia.

El condenado alegó en el juicio que era una víctima más del fraude. Carlos G. F. ha sido absuelto del delito de estafa porque el tribunal considera que no se ha probado que cuando firmó los contratos para las inversiones en Chile conociera el engaño. El asunto se ha tramitado en dos procedimientos diferentes, uno en la Audiencia de Valencia y otro en el país andino. Un tribunal de Santiago de Chile condenó al promotor de la estafa, el falso abogado chileno Claudio R. A., a cinco años de cárcel. Varios miembros de la Fiscalía de Chile se desplazaron a Valencia en 2008 para tomar declaración a las víctimas. Muchos inversores renunciaron a denunciar porque habían utilizado dinero negro.

La trama, según descubrió la policía chilena, obtuvo más de trece millones de euros de empresarios valencianos. Carlos G. F. captaba a inversores en Valencia. Claudio R. A. era el presidente de ITS Group Chile y socio de once sociedades creadas para ocultar e invertir el dinero proveniente de las estafas a valencianos. El supuesto abogado chileno contactaba con las víctimas y les presentaba el negocio de compra de suelo y propiedades a bajo precio. Los inmuebles en realidad no existían. Una de las falsas propiedades estaba en terreno diplomático.

El fiscal imputó al procesado tres operaciones con una única persona que le entregó más de cien mil euros para invertir en terrenos de Chile. Carlos G. F. se quedó el dinero. Las acusaciones aseguraron en el juicio que no realizó ninguna gestión.

El fraude, que tenía una estructura piramidal, comenzó en Chile en el año 2006. Con el fin de hacer creer a los inversionistas valencianos que las propiedades inmobiliarias existían, la red falsificó resoluciones judiciales, firmas de notarios y todo tipo de certificados.

Llegaron a mostrarles casas

Además, Claudio R. A., el condenado en Chile, viajó en varias ocasiones a España para contactar con las víctimas y presentarles las operaciones. Algunos inversionistas llegaron a volar a Chile y los estafadores les mostraron casas que supuestamente habían comprado.

El fiscal advirtió en el juicio que el acusado valenciano era el principal socio de Claudio R. El imputado aseguró al tribunal que él solo era un inversor. "Pensé que era una buena inversión y se lo comenté a personas que conocía. El negocio consistía en comprar propiedades embargadas en Chile que se podían conseguir al precio de la subasta. Un socio chileno conseguía las inversiones porque tenía un contacto en un banco".

El procesado reconoció que su socio era Claudio R. "Él me informaba de cuándo salían los bienes más interesantes", añadió. El imputado indicó que los inversores valencianos "eran amigos" suyos, aunque después admitió que les cobraba un 10% de comisión "por la gestión y compra de las propiedades".

El letrado del acusado insistió antes de comenzar el juicio en que los hechos ya han sido juzgados en Chile y que su cliente ha sido considerado allí como una víctima má. El condenado puede recurrir el fallo ante Tribunal Supremo.