La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha acordado incoar procedimiento abreviado por la supuesta comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio al diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.

En un auto facilitado por el TSJCV, el magistrado, Antonio Ferrer, ha dado por concluida la instrucción de la causa, en la que están imputados, además de Díaz Alperi, tres empresarios -Antonio Moreno, Antonio Solana y Javier Palacio-, a los que también se les incoa procedimiento abreviado.

La investigación se abrió tras una denuncia presentada en marzo pasado por el ministerio público ante la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV.

El juez da traslado de lo actuado al ministerio Fiscal y a la acusación personada (Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria) para que soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento que pueda proceder o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Respecto a Díaz Alperi, el magistrado cree que los hechos investigados podrían ser constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública y otro de cohecho impropio.

Por otra parte, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a un quinto imputado.

En el auto, el magistrado requiere a Luis Díaz Alperi y otros dos imputados que presten fianza o garanticen, a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho, el pago de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran ser declaradas en las cantidades de 1.400.000 euros, 900.000 euros y 625.000 euros, respectivamente.

A tales efectos, con testimonio de la presente resolución, acuerda incoarse las correspondientes piezas de responsabilidad civil.

Contra la resolución cabe interponer ante el tribunal recurso de reforma o de apelación.

La Fiscalía cree que Díaz Alperi pudo, presuntamente, defraudar a la Hacienda Pública por 682.681 euros durante los años 2007, 2008 y 2010.

La denuncia detalla que la mayor parte de la cantidad supuestamente defraudada (405.351 euros) se refiere a 2007, cuando el dirigente popular tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros y únicamente declaró unas retribuciones de 113.250,89 euros por sus cargos públicos.

De 2008, se considera que defraudó por 144.862 euros por incremento patrimonial no declarado en torno a la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de "Akra Uno", para lo cual habría usado la sociedad instrumental "Andarx Business SL".

Del tercer y último ejercicio analizado, 2010, la Fiscalía considera que la cantidad que Díaz Alperi debió pagar a la Agencia Tributaria asciende a 132.468 euros, también en relación al catamarán, aunque por cambios en la propiedad del mismo junto a uno de los otros imputados.

El exalcalde de Alicante y diputado autonómico del PP declaró el pasado 29 de abril como imputado por esta causa ante el magistrado del TSJCV.

Díaz Alperi está también imputado en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al apreciar el juez indicios de supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.