La Fiscalía de Alicante ha pedido tres años de prisión a un funcionario del Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent acusado de quedarse con dinero de los internos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. El fiscal acusa al educador de valerse de su cargo para apropiarse de dinero que los internos recibían para sus gastos durante las salidas terapéuticas, así como de simular la firma de algunos de ellos para sacar dinero de sus cuentas y obligar a algunos de ellos a sacar dinero para él. El Ministerio Público le acusa de un delito continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso con otro de estafa. La causa acaba de entrar a un juzgado de lo Penal de Alicante, aunque debido a la saturación en esta jurisdicción no podrá celebrarse hasta el 2019.

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, los internos le pagaban ante el temor de que si no lo hacían no podrían disfrutar de más salidas terapéuticas. Las cantidades ascenderían a más de 13.000 euros a 26 internos desde 2013 hasta que se abrió una investigación a finales de 2015.

Entre los cometidos del educador, estaba el acompañar a los internos en salidas terapéuticas al exterior del psiquiátrico penitenciario autorizadas por el juzgado. Estos reclusos se encuentran cumpliendo condenas por hechos por los que no son imputables a causa de su enfermedad mental. Para las salidas terapéuticas, cada educador elaboraba una lista de internos a los que acompañar. Estos tenían que pedir por escrito que se le autorizara para disponer de dinero para gastos de su peculio durante la salida, cantidades que oscilan entre los 25 y los 50 euros. Al regreso al centro, el dinero que les ha sobrado debe ser ingresado nuevamente en la cuenta bancaria.

Según el escrito de acusación del fiscal, estableció como conducta habitual que el dinero sobrante le fuera entregado a él directamente al regreso de la salida, en lugar de ingresarlo en la cuenta. Este dinero iba «a una caja» para que él guardara hasta la siguiente salida. En la práctica, el dinero no era reclamado nunca por sus propietarios, ya que, el acusado se valía «de la confianza y del miedo de los internos a no volver a salir en caso de negarse y de tener las facultades mentales limitadas», explica el fiscal. Mediante este procedimiento se habría apropiado, según la investigación, de 434 euros.

Pero el grueso del dinero presuntamente robado a los internos fue directamente de las cuentas. En unas ocasiones, el fiscal sostiene que el procesado simuló la firma de los internos o se aprovechó de ella en los documentos oficiales del centro para realizar extracciones de las cuentas de peculio con el pretexto de salidas que no se realizaron. Asimismo, durante estas salidas terapéuticas habría llegado a acompañar a internos al banco para que estos entregaran el dinero que sacaban. Para ello conseguía el DNI de los internos en la Oficina de Régimen, a pesar de no estar autorizado para ello.

El funcionario estaba de baja y fue suspendido de sus funciones por Instituciones Penitenciarias tras concluir la investigación interna. El educador ha negado todos los cargos que se le imputan, pero ha ido al banquillo tras las pesquisas que hicieron investigadores desplazados desde Madrid para aclarar los hechos. En la investigación fueron interrogados tanto el personal, como los internos. La denuncia interna de uno de los reclusos abrió la investigación.

La causa acaba de entrar en un juzgado de lo Penal de Alicante para que celebre el juicio por estos hechos. Sin embargo, la agenda judicial está tan colapsada que no va a ser posible hasta los primeros meses del año 2019, es decir, dentro de poco más de dos años.