No podía sacar los hijos del país sin el consentimiento del marido. Éste es el principal argumento que los jueces alicantinos ha esgrimido para obligar a Vanessa Skewes, la mujer chilena que huyó a España con los niños de 9 y 7 años tras haber denunciado a su marido por malos tratos, a que devuelva a los niños a su país, según las sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Vanessa, residente en la provincia de Alicante, y Juana Rivas, de otro municipio de Granada, entregaron ayer en el Ministerio de Justicia 150.000 firmas recogidas ante la plataforma Change.org para evitar que los niños vuelvan con sus padres maltratadores.
En el caso de Vanessa, en casi todas las instancias judiciales se ha fallado que debe devolver a los niños a Chile. El fallo del juzgado de Familia fue ratificado por la Audiencia de Alicante y ahora por el Supremo, en aplicación del Convenio de la Haya por sustracción internacional de menores. A Vanessa Skewes sólo le queda ahora la carta del Tribunal Constitucional para frenar el regreso a Chile. La sentencia ordena a la Guardia Civil de Alicante recoger los pasaportes de los dos menores, que están en el juzgado, para hacerlos llegar a la unidad del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, que se encargarán de acompañarles en el vuelo que les devolverá a Chile.
«Hace dos años pudimos escapar del infierno en el que vivíamos en Chile mis hijos y yo», relata la madre Vanessa Skewess en la página Change.org. «El padre de mis hijos me agredió en incontables ocasiones, me golpeó llegando a fracturarme la nariz y amenazó con quemarnos a mis hijos y a mi rociando con gasolina nuestro piso», relata Vanessa en la web en la que expone su causa. La mujer se había afincado en Alcoy e iniciado una nueva vida.
El fallo señala que Vanessa Skewes se separó de su marido el 14 de junio de 2011, mediante un acuerdo que estableció un régimen de visitas para el padre. «La madre era perfectamente conocedora de que debía contar con el consentimiento del padre de sus hijos para salir del territorio nacional y establecer su residencia en otro Estado», dice el fallo, que recuerda que la mujer tramitó con autorización un procedimiento para obtener autorización judicial para marcharse a residir a China, la cual fue denegada. Por este motivo, dijo al padre que se iba de vacaciones a España con los niños, pero ocultándole que pretendía cambiar su residencia a ese país.
Los menores abandonaron Chile con destino a España el 17 de enero de 2015. El padre acogiéndose al Convenio de la Haya exigió la restitución de sus dos hijos, una demanda que en España se ha presentado a través del abogado del Estado.
Denuncias y analíticas
El juzgado no ha tenido en cuenta las denuncias aportadas por la madre para acreditar que era víctima de violencia doméstica en su país y una analítica noviembre de 2014 que reflejaba que el padre era consumidor de alcohol y cocaína. En contestación a estas denuncias, el abogado del Estado ha presentado otras resoluciones por las que algunas de estas denuncias se archivaban, así como otra analítica de mayo de 2015 en la que no se detecta ni cocaína, ni opiáceos. «No cabe darle valor a las meras denuncias, por vulnerar la presunción de inocencia, de modo que no constando condena alguna del padre como autor de alguno de estos delitos a los que se ha referido la madre, no procede estimar que el mismo sea un delincuente o un maltratador», argumenta la juez Sandra Peinado.
La magistrada recalca que «no puede compartirse la posición de desprestigiar la justicia chilena y pretender una nueva valoración de sus denuncias en otro país». La sentencia puntualiza que sólo se pretende el regreso de los menores al país en el que residían previamente, lo que no implica que sean entregados al padre, pues seguirá manteniendo la custodia la madre y habrá de ser ante los tribunales chilenos donde se podrá solicitar una modificación del régimen de relaciones».
La juez desestimó la petición para que declararan los menores al considerar que no tienen un grado de madurez adecuado para tener en cuenta sus opiniones.
Granada
La otra mujer que junto a Vanessa presentó ayer las firmas ante el Ministerio de Justicia fue Juana Rivas, de 35 años, quien en mayo de 2016 tuvo que escapar de la isla italiana de Carloforte en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos, de 2 y 10 años, informa Efe. Rivas explicó que estaba sometida a una situación de violencia física y psicológica «insostenible» y que su agresor fue condenado mediante sentencia firme por maltrato. Su expareja quiere que los niños vuelvan a la isla italiana donde, aseguró la madre, han sufrido maltrato durante casi tres años.
«Siento que se nos trata de delincuentes cuando somos unas madres que intentan proteger a sus hijos. Necesitamos el apoyo de la justicia española para proteger a estos niños», subrayó Rivas.
Tanto es así que el Ayuntamiento de Maracena ha aprobado una moción en la que se insta al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Justicia del Congreso a elaborar un protocolo específico en los supuestos de sustracción internacional de menores cuando concurre una situación de violencia de género. Por su parte, el grupo socialista reclamó ayer la aprobación de dicho protocolo. La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, anunció en un comunicado que el PSOE planteará este debate en la subcomisión.
