Interior reconoce por primera vez a los funcionarios de prisiones como autoridad en caso de agresión

Hace poco más de un mes un centenar de funcionarios de las prisiones funcionarios prisiones de Fontcalent y Villena se concentraban en Alicante para protestar por el incremento de las agresiones a trabajadores de ambos centros penitenciarios -siete en dos meses- y la exclusión de estos trabajadores del protocolo de agresiones de la Administración General del Estado (AGE). Ahora, el panorama parece que va a cambiar tras la firma por parte de CSIF y UGT e Instituciones Penitenciarias de un protocolo que reconoce «por primera vez de forma explícita la condición de autoridad pública a los funcionarios de prisiones en el legítimo ejercicio de sus funciones», según explican en un comunicado ambos sindicatos.

Los sindicatos CSIF y UGT se congratulan de la firma de un protocolo de actuación frente a las agresiones en las cárceles y centros de inserción social y destacan que, además de reconocer la condición de autoridad pública a los funcionarios, han «forzado» a la Administración a que también se contemple a estos empleados públicos como agentes de la autoridad y se les identifique por su número de registro profesional en los procesos administrativos y judicial, lo que «garantiza el anonimato profesional y eventuales represalias por su actuación».

Otro de los puntos incluidos en el protocolo es que «se va a proponer una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias en consonancia con las exigencias regimentales de preservar la seguridad y el orden en el centro penitenciario». En este sentido, UGT y CSIF indican que se endurecerán algunas sanciones disciplinarias cuando las agresiones a los trabajadores penitenciarios les provoquen «un quebranto significativo en su salud o integridad».

Cualquier conducta

El acuerdo también ha incluido, a petición de los sindicatos, «cualquier conducta violenta» de los presos hacia los funcionarios, por lo que además de las físicas figuran las agresiones verbales, como coacciones, injurias, calumnias o amenazas.

Para evitar que el protocolo quede en «papel mojado», CSIF y UGT plantearon la creación de una comisión paritaria de seguimiento que se reunirá trimestralmente y cuya finalidad será la mejora y el cumplimiento de las medidas incluidas en el acuerdo.

El protocolo concreta asimismo medidas de apoyo psicológico, jurídico y sanitario a los funcionarios de prisiones, así como un plan de formación de prevención y respuesta ante conductas agresivas. Para ello, explican los dos sindicatos firmantes, se potenciarán procedimientos de actuación en materia de seguridad y se apostará por los programas de intervención y tratamiento y la información al trabajador para prevenir las agresiones de internos.

El objetivo es prevenir las situaciones potencialmente conflictivas que puedan generar agresiones de internos a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y apostar por «medidas y estrategias preventivas con pautas de actuación clara y eficaz ante incidentes violentos y agresiones», según recoge el comunicado de las dos organizaciones sindicales que han firmado el protocolo con la Administración penitenciaria.

CSIF y UGT resaltan que la firma del protocolo es trascendental para la protección de los trabajadores de prisiones es el inicio de la prevención de este tipo de agresiones que se han incrementado notablemente.