Nunca pudo imaginarse que un acuerdo judicial aceptado hace tres años y sin aparentes consecuencias le iban a colocar a las puertas de la cárcel. Con 71 años de edad, una pensión de apenas 400 euros y más de tres lustros después de los hechos por los que fue condenado, Demetrio Fucile se ve ahora con la amenaza de ingresar en prisión por un delito de estafa por el que fue condenado a un año de cárcel y del que siempre se ha declarado inocente. Fucile se sentó en el banquillo junto con otros 19 acusados por un fraude al Fondo de Garantía Social (Fogasa) que ascendió a 90.000 euros. «A mi me han engañado también», asegura Fucile a este diario, que sostiene que su intención era pelear su inocencia durante el juicio celebrado en el año 2014 en la Audiencia de Alicante.
El cerebro de la red cerró un acuerdo con la Fiscalía por el que sería condenado a un año y medio de cárcel y se comprometía a pagar todo el dinero reclamado por el Estado con unos terrenos de su propiedad a cambio de obtener una rebaja en la pena que se le solicitaba. Para hacer efectivo el acuerdo convenció al resto de los acusados para que se sumaran a la conformidad. Sobre el papel, ninguno tenía que ir a la cárcel y nadie tenía que pagar nada, ya que la finca aportada cubría toda la deuda. El problema ha llegado cuando el Estado ha detectado que el suelo entregado no llega ni para cubrir la mitad de la deuda: tan sólo 7.642 euros de un total de 42.000. Las miras se han vuelto ahora al resto de acusados a quiénes se exige que satisfagan la deuda. O pagan lo que les corresponde o van a la cárcel.
Concretamente, a Demetrio Fucile le reclaman 6.865 euros. «Yo tengo una pensión de 400 euros. Apenas me llega para vivir, no puedo pagar esa cantidad, ni siquiera a plazos», aseguró a este diario, al tiempo que añadió que él aquí había sido otra víctima. En la actualidad, está viviendo en Murcia y está a la espera de una operación en el brazo.
Correos electrónicos
Según su versión, siempre se declaró inocente y no era partidario del acuerdo. Acabó aceptando ante las presiones del resto de las partes, con la promesa de que ni tendría que entrar en prisión, ni tendría que pagar nada. «Me siento doblemente engañado», aseguró. La defensa ha aportado ante la Audiencia el intercambio de correos entre las partes antes del juicio para acreditar las circunstancias en las que se cerró el pacto.
Demetrio Fucile sostiene que se afincó en España desde 1998 para hacer negocios, asociándose con otras personas que luego también fueron acusadas en este procedimiento. «Me decían que yo había firmado un poder al cabecilla. Yo nunca le he dado poderes a nadie. Es algo falso», aseguró a este diario.
Los hechos se remontaban al año 2001 y en el escrito de acusación las cantidades supuestamente defraudadas estaban todavía en las antiguas pesetas. Una veintena de personas se sentaron en el banquillo por el presunto fraude al Fogasa.
Modus operandi
El cerebro de la trama era un graduado social que constituyó hasta seis sociedades distintas, a cuyo frente colocó como administradores y apoderados a personas interpuestas de su confianza. El fallo declaró probado que el objetivo de las mercantiles era obtener el pago de prestaciones del Fogasa y del Inem en beneficio del principal acusado, sus administradores, apoderados, así como otras personas que figuraban como trabajadores, pero que estaban vinculados familiarmente con el resto. El cabecilla de la red era tenido como el propietario de la empresa por los trabajadores y les hizo firmar un poder notarial al inicio de la relación laboral en el que éste figuraba como su abogado. De esta manera, aparecía como la persona designada por ellos para gestionar y cobrar cantidades del Fogasa. Así, posteriormente presentaba demandas ante los juzgados de lo Social para reclamar el pago de salarios. El dinero del Fogasa y del Inem se lo ingresó en sus cuentas, sin llegar a los trabajadores.
Fucile asegura que ni firmó poder notarial alguno, ni llegó a recibir ninguno de los fondos defraudados al Estado. Tan sólo pagó un total de 340 euros correspondientes a la multa que se comprometió a abonar cuando se pactó la condena. En un principio, parecía que las dos terceras partes del dinero iba a poder ser recuperado. El problema ha surgido cuando el Estado se ha dado cuenta de que la finca aportada tenía un valor muy por debajo de lo que se dijo en el momento del acuerdo. Suelo rústico de especial protección que apenas cubría 8.000 euros de la deuda.
La Audiencia ha individualizado las cantidades que cada acusado deberá abonar en proporción a lo defraudado por cada uno, según el acuerdo que se cerró en su día. Algunos no deberán pagar nada, otros suman que oscilan entre los 1.000 y los 2.000. Al cerebro se le reclaman un total de 9.859 euros.
En estos momentos, la sala ya ha emplazado a aquellos acusados que no han pagado el dinero a ingresar en la cárcel. La defensa de Demetrio Fucile ha presentado un recurso de súplica en el que reclama a la sala que tenga en cuenta las circunstancias del reo, al tiempo que adelanta a los magistrados que presentará una petición de indulto.
