Una juez de Elche investiga la presunta estafa en la venta de 206 bungalows en el complejo de lujo Santa Pola Life Resort ubicado en Gran Alacant al haberse vendido estas viviendas de forma individual a particulares de más de 55 años cuando se trataba de suelo dotacional indivisible en el que estaba previsto construir un complejo para mayores. La magistrada ha imputado en esta causa al notario de Santa Pola y a cinco cargos de Bancaja (actualmente Bankia) por los presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa y contra la ordenación del territorio.
La semana pasada el alcalde de Santa Pola declaró como testigo así como la concejala de Urbanismo y la asesora jurídica. Esta última dijo ante la juez, según la transcripción de las declaraciones a las que ha tenido acceso este diario, que la figura legal sobre la que se asentó la venta de los inmuebles -llamada por la empresa servidumbre de uso personal de carácter perpetuo- no existe.
Aunque esa figura civil era clave para hacer entender al «comprador» que el inmueble no era de su propiedad, tanto la información que se les dio como los folletos publicitarios ocultaron, siempre según la querella, que era una concesión, y se les hizo creer que estaban haciendo una compra a través de una publicidad engañosa cuando las viviendas no pueden ser, por ejemplo, vendidas a terceros ni heredadas.
Las diligencias se abrieron en un juzgado de Instrucción de Elche a mediados de 2012 tras la querella que presentaron 14 residentes de la urbanización contra el notario de la localidad y los cinco cargos de la entidad bancaria a los que acusan de haberles vendido como propios inmuebles por los que pagaron, según el tipo de vivienda, entre 150.000 y 240.000 euros, cuando en realidad sobre el papel estaban aceptando una concesión. Todos los imputados declararon ya ante la juez que instruye el caso.
Además de la falsa venta que denuncian los afectados, los inmuebles están ubicados sobre un terreno indivisible en el que no pueden realizarse parcelas individuales. Prueba de ello, según los afectados, es el recibo único del IBI que llega a nombre del complejo y que la dirección del resort se encarga luego de dividir para cobrarlo a los vecinos de forma individual. En total, hay cerca de unas 40 viviendas ocupadas al no haberse vendido las demás al llegar la crisis del ladrillo. Los vecinos detectaron la presunta irregularidad cuando al intentar desgravar sus casas Hacienda les comunicó que no habían comprado vivienda alguna, sino adquirido un derecho real de servidumbre de uso.
La querella denunció que la firma Cartera de Inmuebles S. L, perteneciente a Bancaja, adquirió del Ayuntamiento de Santa Pola en el año 2002 mediante subasta pública un terreno público por poco más de cinco millones con uso exclusivamente sanitario y asistencial. El terreno no podía dividirse ni hacerse en él viviendas o apartamentos ni venderse de forma independiente. Solo un mes después la mercantil vendió el suelo a otra firma de Bancaja por más de 14 millones de euros.
En 2008 el suelo volvió a venderse a Santa Pola Life Resort S. L., otra firma de Bancaja Hábitat que gestiona el complejo, donde hay spa, clínica médica y otros servicios cuyo uso se paga aparte. La oficina de ventas -que de hecho ofrecía ventas y no servidumbres- trató siempre la operación, según los afectados, como una compraventa.
