La Fiscalía ha citado a declarar al alcalde de Alicante Gabriel Echávarri en calidad de investigado por el despido de la cuñada del portavoz del PP Luis Barcala, según ha confirmado este diario en fuentes municipales.

El primer edil ha sido citado para el próximo miércoles 25 de octubre en las dependencias de la fiscalía.

El fiscal investiga si Echávarri pudo cometer un delito de prevaricación por despedir a Catalina Rodríguez, cuñada del concejal popular. Por los despachos del ministerio público ya han pasado el concejal de personal, Carlos Giménez, que lo hizo en calidad de investigado, y dos funcionarios municipales en calidad de testigos.

Asimismo se ha requerido a la Ayuntamiento numerosa documentación sobre el expediente que acabó con el despido de la funcionaria interina, aunque posteriormente esa decisión se rectificó.

Paralelamente el juzgado de Alicante está investigando a Echávarri y a dos de sus asesores por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. La Fiscalía investiga si el cese de Catalina Rodríguez pudo ser una represalia por la otra denuncia.

Catalina Rodríguez, la cuñada de Luis Barcala, en un imagen de archivo

Cabe recordar que el alcalde de Alicante colgó en su página de Facebook un comunicado en el que asumía que se había equivocado en el momento a la hora de despedir a la cuñada del popular Luis Barcala. Además, admitía que la denuncia interpuesta por el PP hacia su persona había acelerado la destitución.

El primer edil reconoció que la interposición por parte del portavoz del PP, Luis Barcala, de una denuncia frente a él por "prevaricación administrativa" con los contratos de Comercio"momento de materializar la decisión"

cese

Por otra parte, el escrito manifestaba que la destitución de Rodríguez no sería previsiblemente la última y recuerda que existe una decena de personas en la misma situación (sic) "de hijos, primos, cuñados, vecinos o íntimos amigos de políticos del PP". Además, esta petición de cese de estas personas es unánime por parte de los sindicatos; o al menos lo era", concluía.

La decisión del alcalde provocó el rechazo de sus socios y finalmente el pleno le desautorizó y obligó a readmitir a la trabajadora. El consistorio readmitió a la trabajadora a instancias del acuerdo adoptado por el pleno del ayuntamiento con las abstenciones de los socios del PSPV en el tripartito que gobierna la ciudad, Compromís y Guanyar Alacant.

El teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, ha recibido recientemente un informe municipal que detalla las funciones que ejercía la trabajadora y constata la existencia de varios interinos en una situación laboral idéntica a la suya que no han sido despedidos.

El fiscal Llor ha decidido ahora tomar declaración al regidor socialista como investigado antes de determinar si archiva las diligencias o las envía a un juzgado de Instrucción de Alicante para que abra el correspondiente proceso penal, según las fuentes consultadas.