La magistrada titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, Juana López Hoyos, ha tomado declaración en las últimas semanas a otros nueve guardias civiles en calidad de investigados dentro de las diligencias abiertas a raíz de unas pesquisas de la Benemérita que han permitido desmantelar una trama de tráfico de drogas que salpica a miembros del Instituto Armado y otra de corrupción. Los nueve agentes investigados se suman a los diez guardias civiles de Torrevieja que fueron detenidos por sus compañeros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante. De los diez agentes detenidos nueve ingresaron en prisión preventiva por orden de la juez del caso.
Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil bajo la coordinación de la magistrada de Torrevieja se han prolongado durante dos años. La investigación se puso en marcha para desmantelar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que contaba presuntamente con la colaboración de varios guardias civiles, pero paulatinamente han ido surgiendo indicios sobre la comisión de otras irregularidades achacadas a otros agentes que no tienen relación con el narcotráfico.
Algunos de estos agentes que han sido citados para declarar en el juzgado en calidad de investigados han sido compañeros de patrulla de detenidos, por lo que la acusación podría estar relacionada por una presunta omisión del deber de perseguir delitos al conocer las presuntas infracciones imputadas a sus compañeros y no denunciarlas. En algunos de los casos los investigados han mantenido en su declaración, según ha podido conocer este diario, que su única vinculación con los ahora ingresados en prisión era haber coincidido en el turno de patrulla. No obstante, la causa sigue bajo secreto de sumario y no se conocen detalles exactos sobre todas las presuntas anomalías descubiertas por la Guardia Civil durante los dos años de investigación.
La Guardia Civil únicamente informó esta semana de la detención de diez guardias civiles dentro de una operación para desarticular una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, en la que también detuvieron a 9 ciudadanos e imputaron 7 más, todos ellos ajenos al Instituto Armado.
Entre todos los investigados en la causa hay diferentes delitos que han sido imputados a cada persona en función de su presunta participación en los hechos. Así, figura el tráfico de drogas junto a delitos de cohecho, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, pertenencia a grupo criminal, extorsión, coacciones, hurto, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad documental. Las diligencias se abrieron en 2015 tras una denuncia en la que se alertaba de las presuntas actividades ilícitas del grupo.
