La Generalitat inicia la cuenta atrás para la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Alicante. La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha sacado a licitación los contratos para la redacción del proyecto y dirección de obras de este plan, que busca dotar a la ciudad de unas instalaciones judiciales dignas. El objetivo, según informaron ayer en un comunicado desde la Conselleria, es que las obras puedan empezar en el primer trimestre de 2019.
El anuncio del concurso ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para establecer los plazos, tal y como marca la ley. En este sentido, las empresas interesadas tienen hasta el próximo 10 de abril para presentar sus ofertas por un importe máximo de 1.119.242 euros.
Desde Justicia se destacó ayer que con la licitación se ponen en marcha las iniciativas del departamento que dirige Gabriela Bravo para dignificar las instalaciones judiciales de la ciudad de Alicante en un proyecto que, solo para la reforma integral de la sede de Benalúa, se han presupuestado alrededor de 20 millones de euros.
Tal y como explicó la propia consellera en la firma del convenio con el Ayuntamiento de Alicante que permite llevar a cabo el proyecto, se creará un «barrio de la Justicia» que contempla la rehabilitación integral del palacio de Benalúa y la construcción de otro inmueble que se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento en la avenida Aguilera, frente los juzgados, que se utiliza actualmente como parking, de forma que se creará un nodo de instalaciones judiciales con la antigua prisión en el centro, el edificio de la calle Pardo Gimeno al sur y el nuevo inmueble al norte.
La nueva instalación se construirá sobre una parcela de unos 5.500 metros cuadrados, de titularidad municipal, que el Ayuntamiento ha cedido a la Conselleria de Justicia a cambio de una parcela situada en la avenida Doctor Rico.
Según el proyecto, el edificio de la calle Pardo Gimeno asumirá los juzgados de lo contencioso y de lo social; Benalúa acogerá toda la jurisdicción penal y la construcción de nueva planta será la sede de Fiscalía, la jurisdicción civil, los juzgados de menores, los calabozos y el Instituto de Medicina Legal.
Dada la envergadura del proyecto y, sobre todo, su elevado coste, los plazos de tramitación son de entre 12 y 15 meses. Por esa razón, se estima que las obras estarán iniciadas en el primer trimestre de 2019.
Hay que recordar que actualmente los órganos judiciales se encuentran alojados en distintas sedes con evidentes problemas de espacio y con importantes signos de deterioro, así como con instalaciones deficientes en materia de climatización e iluminación. Los problemas de espacio y mal estado son acuciantes por lo que es urgente una reforma del palacio de Benalúa y la construcción de un nuevo edificio.
