Las organizaciones criminales también aprovechan al máximo las nuevas tecnologías, aunque para ello tengan que invertir el doble de dinero. Es lo que ha ocurrido con una red de tráfico de drogas desarticulada por la Guardia Civil en varios puntos de la comarca de l'Alacantí y en Gata de Gorgos. Controlaba cuatro plantaciones de marihuana instaladas en el interior de viviendas con tecnología punta y realizaban un seguimiento online de los cultivos. Los investigadores la han calificado como la «startup» de la marihuana y estaba dirigida presuntamente por un ciudadano holandés reclamado en su país por el asesinato de una persona, requisitoria que fue cursada por las autoridades de Holanda el mismo día de su detención en su domicilio de Bonalba, en Mutxamel.

Este reclamado y otras 12 personas de entre 25 y 45 años han sido detenidas por la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig en la operación para desarticular una de las organizaciones más modernas y mejor estructuradas que se dedicaba al cultivo y distribución de marihuana.

Además de los arrestos, decomisaron unos 60 kilos de cogollos de marihuana valorada en 300.000 euros en el mercado negro y más de 3.500 plantas, así como cinco vehículos de alta gama valorados en unos 150.000 euros, cerca de 10.000 euros en efectivo y gran cantidad de material informático y telemático que era usado para controlar a distancia las plantaciones, así como tarjetas de telefonía con identidades ficticias para evitar intervenciones telefónicas, según fuentes próximas al caso.

Cinco de los detenidos, tres de ellos defendidos por el abogado Francisco González, ingresaron en prisión la semana pasada tras pasar a disposición judicial en el juzgado de guardia de Alicante.

La red desarticulada apenas llevaba un año operando en la provincia de Alicante y ya contaba con cuatro cultivos hidropónicos de marihuana que estaban a pleno rendimiento. Dos de las plantaciones fueron descubiertas en la partida alicantina de El Moralet, una en Busot y otra en La Alcoraya, en Alicante.

El presunto cabecilla de la banda, un holandés de 43 años, llevaba un alto nivel de vida y los investigadores barajan que cerraba acuerdos para exportar la marihuana fuera de España en las visitas que hacía a clubes de alterne y hoteles de lujo. Los agentes tuvieron dificultades para seguir sus pasos porque cambiaba de coche, de itinerarios, de teléfonos e incluso de casa.

En la organización contaban con un agente inmobiliario cuya misión era localizar casas, naves o locales susceptibles de albergar las plantaciones de marihuana y cuando seleccionaba alguna contactaba con los propietarios para alquilarlas aunque estuviesen ocupadas. Para ello les ofrecía grandes cantidades de dinero y así lograba que se las arrendasen.

Las viviendas y locales registradas por la Guardia Civil estaban en Mutxamel, Gata de Gorgos, Busot, La Alcoraya, El Moralet y Alicante. El alquiler mensual rondaba los 3.000 euros y para evitar ser descubiertos habían realizado enganches ilegales de luz para abastecer de energía a las plantaciones.

Los vecinos de los investigados eran ajenos a las actividades ilícitas porque desde el exterior no se veía nada anómalo y además hacían vida normal con sus familias.

Además del agente inmobiliario, otros implicados realizaban el papel de jardineros y cuidaban tanto el jardín de las casas como las plantaciones interiores de marihuana.

La organización empleaba tecnología punta para aumentar el rendimiento de las plantas y aproximadamente invirtieron el doble de dinero de lo que suele costar instalar estos cultivos hidropónicos. Contaban con equipos informáticos conectados a aparatos de domótica y así podían controlar a distancia el desarrollo de las plantaciones gracias a una aplicación específica instalada en un teléfono móvil o una tablet.

Esta misión la tenían encargada otro miembro de la banda, el cual llevaba a cabo un seguimiento online de los cultivos, controlando los niveles de humedad, CO2 o temperatura. En el momento de la detención de esta persona otros sospechosos borraron la información de los procesos de cultivo y las aplicaciones para controlar las plantaciones. Para la recogida y secado de las plantas la organización contrataba a un grupo de marroquíes.

La investigación de la Guardia Civil ha puesto al descubierto que la red disponía de varias empresas pantalla administradas por testaferros que carecían de actividad y presuntamente eran usadas para blanquear los beneficios de la venta de marihuana. Los testaferros recibían una contraprestación mensual por figurar como administradores.

Los 13 arrestados, cinco de los cuales han ingresado en prisión, son originarios de Holanda, Ucrania, Rusia, Bosnia, Colombia, Argentina y Marruecos.