Un funcionario de la prisión de Fontcalent admitió ayer en el juicio haber introducido móviles en el penal alicantino para hacérselos llegar a los reclusos a cambio de dinero. La conformidad evitará que entre en prisión, ya que aceptó penas que suman un año y meses de cárcel y que serán sustituídas por una multa. El juicio ayer se cerró con una conformidad para dos de los acusados, mientras que otros dos que estaban en prisión cuando se descubrieron los hechos se encuentran declarados en rebeldía y en paradero desconocido. La sentencia fue dictada in voce por los magistrados en la Audiencia ayer tras el acuerdo cerrado entre la Fiscalía y las defensas.
Los hechos se descubrieron en febrero de 2014, cuando la Policía estaba investigando una red de tráfico de drogas dentro del penal alicantino. En el curso de esas pesquisas se encontraron con que un funcionario estaba haciendo llegar teléfonos móviles al interior de la prisión para los reclusos a cambio de dinero y que oscilaban entre los 200 y los 500 euros por pedido.
Por estos hechos estaban acusados dos presos, uno de nacionalidad colombiana y otro paquistaní, que iban a recibir los terminales a pesar de que su utilización estaba prohibida en el recinto penitenciario. Ambos están en paradero desconocido y declarados en rebeldía por el tribunal.
Además del funcionario, estaba también imputado un familiar de uno de los reclusos, que regentaba una frutería. A través de él, el funcionario recibió tanto el dinero como los terminales que debía hacer llegar a la prisión.
El funcionario fue detenido en el recinto penitenciario por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando llevaba los teléfonos con sus respectivos cargadores dentro de un maletín para entregárselos a los reclusos.
El funcionario aceptó ayer una pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de cohecho y otros tres meses más por pertenencia a grupo criminal, más una multa de 700 euros por el cohecho. La sala se mostró conforme a sustituirle la condena por el pago de una multa que suma 3.240 euros. Asimismo, también será inhabilitado para empleo público durante cuatro años y seis meses.
El segundo de los acusados, el familiar de uno de los reclusos que entregó los móviles al funcionario y el dinero, se conformó también con las mismas penas. Los otros dos acusados declarados en rebeldía tendrán que ser juzgados por estos hechos en caso de ser localizados por las Fuerzas de Seguridad. Dado que ninguna de las defensas va a recurrir la sentencia dictada ayer, el tribunal declaró firme la resolución.
