Un año justo se cumple hoy del atroz asesinato del niño de Elda que conmocionó a la ciudad. El pequeño de ocho años falleció sobre las ocho de la tarde estrangulado con su propia camiseta, según reveló la autopsia, cuando se encontraba con la pareja de su padre, Alejandra G. P., en el domicilio familiar del número 26 de la céntrica calle Quijote. En un primer momento aseguró que dos hombres que llevaban casco y ropa de motorista los abordaron en el rellano del edificio y les obligaron a entrar a la vivienda, donde mataron al niño mientras a ella la golpeaban y agredían sexualmente. Pero en mayo, nueve meses después del desgarrador suceso, era detenida tras una minuciosa investigación conjunta de la Comisaría de la Policía Nacional de Elda-Petrer, del Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Judicial de Alicante y de la Comisaría General de Madrid.

El padre del pequeño, Daniel Faus, creyó desde un primer momento en la inocencia de su pareja, con la que tiene una hija de cinco meses de la que se ha hecho cargo. Sin embargo, tras ser detenida y admitir en sede judicial que simuló el asalto, ha roto la relación que mantenía con ella desde el año 2016 y se ha personado en la causa como acusación particular. Una medida que también ha adoptado su exmujer Penélope Martínez. A ambos la Generalitat Valenciana le entregó en acogida familiar permanente al pequeño asesinado cuando tenía cuatro años. El cariño y los cuidados que le proporcionaron al niño le permitieron mejorar con rapidez de la epilepsia y el autismo en grado leve que padecía.

Respetuosa y participativa

La acusada está en prisión provisional y ha sido trasladada desde el Módulo de Mujeres de la cárcel de Fontcalent hasta Villena, donde muestra buena adaptación. Según las fuentes penitenciarias consultadas, observa un comportamiento correcto, es respetuosa, participa en las actividades y está acompañada por la interna con la que comparte celda. En los primeros días fue increpada por varias reclusas pero los insultos y gestos amenazantes ya han remitido. Cabe señalar que en el código interno de la población penitenciaria quienes cometen violaciones o atentan contra niños son recibidos con hostilidad y, en ocasiones, los funcionarios tienen que someterlos a vigilancia especial e incluso cambiarlos de módulo para evitar agresiones.

Alejandra podría ser acusada de simulación de delito y asesinato con alevosía al tratarse de una víctima de especial vulnerabilidad, un delito por el que podría ser condenada a prisión permanente revisable una vez que se celebre el juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial. Precisamente la jueza de Elda está a la espera de las últimas diligencias para cerrar el sumario de la causa y enviarlo a Alicante.