Las cuestiones previas planteadas por la defensa han obligado a suspender el juicio a la exconcejal de Deportes de Ibi Ana Sarabia (PP) previsto en la Audiencia Provincial durante toda esta semana. El letrado Enrique Botella ha argumentado que no puede ser juzgada por un delito del malversación porque éste fue eliminado por el juez expresamente cuando dictó el procesamiento. También ha planteado la falta de legitimación del PSOE y del Ayuntamiento para ejercer la acusación particular y ha pedido que se les expulse del procedimiento. Ante estas cuestiones previas, la sala ha optado por suspender la vista y ha instado al letrado a que las presente por escrito y después se emplazará a las acusaciones para que respondan antes de decidir si acepta o no los argumentos del letrado. Luego deberá señalarse una nueva fecha para el juicio.

La Fiscalía acusa a la exconcejala de los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios por los que reclama doce años de inhabilitación y dos años de cárcel, respectivamente. Se le acusa de haber organizado entre los años 2005 y 2006 viajes, cursos y actividades relacionadas con el área de Deportes que gestionaba sin estar regulados por ordenanza alguna y en los que reservaba plazas para familiares y amigos que no llegaron a pagar. También considera que la edil contrataba a familiares y a amigos para organizar estas actividades o como monitores de las mismas. Por su parte, las dos acusaciones particulares que ejercen los letrados José Sánchez Alarcos y José Luis Sánchez Calvo por el Ayuntamiento y el grupo socialista de Ibi respectivamente, le piden cinco años y medio de cárcel por un delito de malversación al considerar que las irregularidades causaron un quebranto de 20.000 euros a las arcas públicas municipales.

La Sección Tercera de la Audiencia tenía toda esta semana reservada para la celebración del juicio pero la sala ha optado por la suspensión a fin de estudiar los argumentos de la defensa. El letrado Enrique Botella ha planteado esta mañana en el arranque de la vista que el delito de malversación fue excluido por el juez cuando cerró la instrucción y que la Audiencia lo respaldó cuando el PSOE recurrió esta decisión. También ha planteado que ni el Ayuntamiento ni la Fiscalía acusaban a la exedil de este delito, aunque la corporación lo hizo posteriormente.

En este sentido reclamó la expulsión de este proceso tanto del Ayuntamiento como del grupo socialista al considerar que ninguno puede ejercer la acusación por no ser perjudicados por el presunto delito. El letrado ha incidido en que el papel de las acusaciones ha sido dilatar el proceso a base de recursos y considera que de no ser por ellos el juicio podría haberse celebrado hace cinco años.

Las dos acusaciones han anunciado que se opondrían a las peticiones de la defensa aunque por estrategia procesal han eludido avanzar cuáles serán sus argumentos. Aunque han subrayado que algunas de estas cuestiones se han planteado ahora por primera vez tras más de diez años.