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El fiscal pide tres años de cárcel a Llorens y uno a Zaragoza por el caso Isjoma

Anticorrupción acusa también a tres técnicos municipales, entre ellos el exjefe de Atención Urbana, así como al empresario por prevaricación

Andrés Llorens el día que declaró por el caso Isjoma. Rafa arjones

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido llevar al banquillo al exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens y al exedil de Comercio Juan Zaragoza por las presuntas irregularidades en la contrata de las sillas del Ayuntamiento de Alicante entre los años 2003 y 2009, según el escrito de acusación del llamado caso Isjoma al que ha tenido acceso este diario y que ha sido presentado al juzgado. El representante del Ministerio Público pide llevar al banquillo también a tres técnicos municipales, así como al empresario de la mercantil Isjoma. Para el fiscal, las presuntas irregularidades causaron un perjuicio a las arcas municipales cercano a los 340.000 euros, cantidades con las que reclama que los acusados indemnicen al Ayuntamiento de Alicante.

Para Llorens se piden penas que suman 3 años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación, mientras que a Zaragoza un año de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación y por filtrar información relativa al concurso. Junto a los exediles populares, el fiscal Felipe Briones acusa por las irregularidades también a tres técnicos municipales, entre ellos al que fuera responsable de Atención Urbana, Victor López, a quien se pide la misma pena que a Llorens.

Al jefe de Talleres del Ayuntamiento de Alicante, Ginés Pérez, se le piden dos años de cárcel y ocho años de inhabilitación; mientras que al Ingeniero Técnico de Obras Municipal Francisco Ramón Casal se le reclaman ocho años de inhabilitación. Por último, a Isidro García, responsable de la mercantil Isjoma que habría sido beneficiado por las presuntas irregularidades, dos años y medio de cárcel al considerarle cooperador necesario de los delitos de prevaricación investigados.

La mercantil Isjoma se encargada del suministro de infraestructuras para las actividades festeras y culturales de la ciudad, como el montaje de escenarios y las sillas. El fiscal sostiene que las certificaciones mensuales sobre los suministros se realizaba directamente por el empresario, pese a no ser competente para ello y que era la documentación que servía como base para la confección y el pago final.Concluye que los funcionarios Victor López y Ginés Pérez «no ejercieron deliberada y reiteradamente el control debido acerca de lo ajustado de la ejecución de los trabajos de Isjoma» firmando lo que les presentaba el empresario.

En este marco, sostiene el fiscal que desde la adjudicación a Isjoma entre 2003 a 2009, se adjudicaron a la mercantil al margen del contrato de forma directa múltiples eventos, fraccionando indebidamente el objeto de las prestaciones. Para el fiscal estos servicios deberían haber sido tramitados por su cuantía y su reiteración temporal, mediante un concurso público, en lugar de contratos menores, procedimiento que se omitió «sistemáticamente·. El fiscal asegura que no se siguió la tramitación correcta «para no superar el límite legal del contrato menor de suministros» y hacer un concurso público.

El fiscal considera que los tres técnicos municipales acusados junto a Andrés Llorens, responsable de la concejalía de Atención Urbana, fueron los responsables de este sistema de «contratación paralela» y por el que Isjoma recibió un total de 858.636 euros del Ayuntamiento en los citados años en contratos a dedo, al margen de la contrata que ascendía a un total de 2,3 millones.

Contratación paralela

El fiscal sostiene que en el año 2009, en el concurso para volver a adjudicar el servicio, el técnico Víctor López realizó un informe «para dar soporte pretendidamente técnico a una decisión que estaba tomada de antemano», adjudicar el servicio a Isjoma, pese a que la oferta de otra de las empresas, Alavés Montajes y Realizaciones, era hasta un millón de euros más barata. A los exediles Llorens y Zaragoza se les acusa de haber manipulado al resto de los miembros de la mesa de contratación para dar el visto «a una resolución injusta y arbitraria».

El exedil Zaragoza comentó al empresario Alavés el contenido de ese informe, motivo por el también se le acusa de revelación de secretos. En el año 2015, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad anuló ese contrato y el Ayuntamiento tuvo que indemnizar a Alavés con 296.168 euros. El fiscal pide que el Ayuntamiento sea indemnizado en esta cantidad, así como otros 44.412 euros por los trabajos adjudicados fuera contrato.

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