La Audiencia de Alicante ha suspendido esta semana el juicio previsto para el próximo mes de enero por el mayor fraude fiscal en la provincia con la compra-venta de coches de lujo importados -8 millones de euros- al no tener disponible una sala con suficiente espacio para acoger a 21 abogados defensores de los acusados y de los responsables civiles subsidiarios y a los representantes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, según han confirmado fuentes judiciales. Esta es la cuarta suspensión de este juicio, en el que hay seis acusados, entre ellos el empresario Juan Andrés C. P., detenido y encarcelado el pasado septiembre por la operación policial contra la principal red de narcotráfico y blanqueo de la zona mediterránea.
El juicio por el presunto fraude del Grupo Auto Salón que dirigía Juan Andrés C. P. se iba a celebrar desde el próximo 20 de enero hasta el 7 de febrero. Sin embargo, el tribunal de la Sección Tercera no ha encontrado una sala con suficiente capacidad para albergar a tantos abogados. La sala del jurado en la Audiencia estará ocupada por el juicio del asesinato del alcalde de Polop y otras salas similares del edificio de Pardo Gimeno en Benalúa, donde se ha celebrado la vista del caso Sala, también están ocupadas para esas fechas por juicios de otros juzgados.
Ante esta situación, la Sección Tercera no ha tenido más remedio que aplazar la vista y por el momento no se ha señalado una nueva fecha.
El empresario Juan Andrés C. P. fue detenido por la Policía en 2008 como presunto autor de un fraude fiscal superior a los 8 millones de eneros, importe correspondiente a la devolución indebida del IVA de coches de alta gama importados de segunda mano.
La Fiscalía solicita para este empresario y para otros cinco procesados, entre ellos su exmujer, penas que suman 169 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y falsificación de documentos. Además de las penas de prisión, que en el caso de el empresario la petición es de 44 años de cárcel, el Ministerio Público pide en su escrito de acusación multas por un valor de 132 millones de euros por el fraude del IVA.
El fiscal señala en su escrito de conclusiones provisionales que cinco de los seis acusados se pusieron de acuerdo para estafar a Hacienda mediante la devolución indebida del IVA que simulaban haber pagado en la compra-venta de turismos alta gama importados de Alemania. Para ello se valieron, según el fiscal, de varias sociedades pertenecientes al Grupo Auto Salón que dirigía el empresario Juan Andrés C. P. y se dedicaban a la compra-venta de vehículos de alta gama procedentes de la Unión Europea. Los coches eran matriculados en España y vendidos a terceras personas principalmente en establecimientos de Madrid y Sant Joan, aunque también en Paterna y Ontinyent.
El fraude del IVA objeto de la acusación del Ministerio Público se corresponde al periodo 2004-2007. Según la Fiscalía, para consumar el fraude llevaban a cabo «operaciones intracomunitarias» trayendo coches de la Unión Europea sin pagar el IVA y simulando luego en España una operación interior con IVA para poder deducírselo posteriormente pese a no haber sido pagado.
La trama contaba con empresas «truchas» que realizaban las compras a proveedores de la Unión Europea, por lo que las operaciones estaban exentas del IVA. Estas sociedades están ilocalizables en los domicilios, son «no declarantes», tienen una vida efímera de uno o dos años y al frente de ellas figuran testaferros de los verdaderos compradores, que eran las empresas dirigidas presuntamente por el empresario ahora encarcelado por otra operación de la Policía Nacional.
Las empresas «truchas» luego usaban a otras sociedades intermedias, conocidas como «pantallas», para enajenar o vender los vehículos a los verdaderos compradores y destinatarios finales de los turismos. Al tratarse de operaciones mercantiles en territorio nacional no están exentas del IVA y las sociedades vendedoras lo incluían en la facturas pero no lo ingresaban en la Hacienda Pública y al final el distribuidor lograba cobrar la devolución de un impuesto que nunca se llegó a pagar. Así cobraron 8,1 millones tras hacer constar compras por más de 59,2 millones de euros.
Para la Fiscalía, la Inspección de Hacienda acreditó que «el recorrido físico» de los coches era desde el proveedor alemán hasta el establecimiento de Sant Joan, mientras que el «recorrido documental» es diferente al producirse varias transmisiones entre diversas sociedades en un corto periodo de tiempo. Las empresas de Auto Salón hacían transferencias de dinero a las sociedades «truchas» o «pantallas» pero por el precio real de compra y no por el importe de las facturas.
El fiscal también acusa de blanqueo o alternativamente de insolvencia punible a tres de los procesados y explica que el dinero obtenido del fraude era traspasado a dos sociedades patrimoniales que realizaron inversiones inmobiliarias por valor de más de diez millones.
