Francisca Bru, la magistrada que ha presidido el jurado del caso Sala, dejará la Audiencia de Alicante este mismo mes para incorporarse a un juzgado de Instrucción, según han confirmado a este diario fuentes judiciales. El nombramiento como nueva titular de Instrucción número seis de Alicante se espera que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado del 20 de enero, momento tras el que tendrá un plazo de ocho días para tomar posesión formalmente de su nuevo destino.

Bru ocupará la plaza que dejó vacante César Martínez a raíz de su nombramiento como nuevo juez decano de Alicante, cargo que desde el pasado octubre desempeña en exclusiva.

Según las fuentes consultadas por este diario, Francisca Bru había pedido el traslado de la Audiencia al juzgado antes de que comenzara el juicio por el caso Sala. En un primer momento había solicitado durante el pasado verano el traslado de la Sección Tercera a la Décima donde actualmente estaba destinada, pero finalmente reclamó ir destinada a la plaza que en octubre quedó vacante en Instrucción seis.

El último gran proceso en el que ha intervenido es el juicio a Miguel López por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala y en el que López fue declarado no culpable por un jurado por seis votos a tres. Una decisión marcada por la polémica porque dos días antes de ese veredicto exculpatorio, el tribunal popular había dictado otro que declaraba culpable a López por seis votos a tres y que les fue devuelto por la magistrada por considerar que no estaba suficientemente motivado. Las partes no tuvieron acceso a ese primer dictamen. Ni siquiera pudieron constatar que existieran motivos para ese rechazo. Nada más acabar el juicio y antes de que se dictara la sentencia, la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el abogado Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo mayor de la víctima pidieron una copia del acta rechazada para comprobar si efectivamente tenía una motivación insuficiente. La respuesta fue que no se había unido a las actuaciones porque se había destruido, al considerar que ese documento era un borrador y en aras a preservar el secreto de la deliberación.

Ante la desaparición del acta, la Fiscalía pidió más explicaciones al secretario judicial de la oficina del jurado, Manuel Cerdán, sin descartar abrir diligencias de investigación en función de cuál fuera su explicación. Este hecho soliviantó al colectivo de letrados de la Administración de Justicia que consideró la petición de explicaciones del Ministerio Público como un ataque institucional y reclamaron por unanimidad la convocatoria de una junta para responder. La propia Bru también recogió firmas de apoyo entre sus compañeros de la Audiencia para pedir una junta de magistrados en la que dar cuenta sobre lo ocurrido en el juicio, pero posteriormente retiró esa petición.

La destrucción del primer veredicto condenatorio es uno de los motivos en los que se apoyan los recursos del fiscal y la acusación particular para pedir a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) la nulidad del juicio y que se repita con un nuevo jurado, así como un juez y un secretario judicial distintos.

El caso Sala era el cuarto juicio con jurado popular que presidía la magistrada Bru desde su incorporación a la Audiencia Provincial en 2009 procedente de un juzgado de Instrucción. Más de diez años después regresa al Palacio de Justicia de Benalúa donde a petición propia volverá a ejercer como instructora, así como a resolver juicios por delitos leves.

Al mismo tiempo que el traslado de Bru, se cubrirá también la plaza que dejó también en otro juzgado de Alicante precisamente el instructor del caso Sala, José Luis de la Fuente, tras ascender a la Audiencia el pasado verano. El magistrado Joaquín Coromina pasará a ocuparse del juzgado de Instrucción siete de Alicante, al menos de manera provisional hasta que se incorpore la titular de la plaza, Ana Avendaño, que actualmente está destinada en el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial y que podría regresar a Alicante antes de fin de año.

Joaquín Coromina estaba destinado en un juzgado de lo Social de Alicante, pero llevaba años reforzando distintos órganos penales de Alicante desde el año 2012 como Juez de Adscripción Territorial y llegó a estar en la Sección Segunda de la Audiencia cubriendo una baja por enfermedad de una compañera.