La credibilidad del testigo protegido centró ayer los alegatos iniciales de las partes en el arranque del juicio con jurado popular por el asesinato del alcalde de Polop. Mientras la Fiscalía y la acusación particular dieron validez al testimonio de este confidente y dijeron que su relato se ve respaldado por otros indicios de la causa, desde las defensas se puso en duda la credibilidad de éste y se cuestionaron los motivos por los que reveló los hechos dos años más tarde. Estos alegatos iniciales centraron la mañana de ayer en el juicio que se reanudó por la tarde con la declaración de los primeros acusados.
La fiscal del caso del asesinato del alcalde de Polop aseguró que la imputación de Juan Cano por parte de la Guardia Civil como el principal autor intelectual del crimen «no fue aleatoria» y recordó que desde febrero de 2008, cuatro meses después de la muerte a tiros de Alejandro Ponsoda, Cano ya era el sospechoso. «Alejandro Ponsoda fue una persona buena, querida y humilde y que aglutinaba los votos, hasta el punto que ganó en cuatro ocasiones las elecciones al Ayuntamiento de Polop por el PP por mayoría absoluta», ha dicho la representante del Ministerio Público que ha sostenido que Juan Cano había llegado a considerar a su compañero de partido «un estorbo» para hacerse con la Alcaldía y que el crimen se cometió por un ansia de poder.
Desde el Ministerio Público se sostiene que Cano, el empresario polopino Salvador Ros, y los responsables del club de alterne Mesalina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, planificaron el asesinato del primer edil para lo que acudieron los checos Radim Rakowski, Robert Franek y Raul Montero Trevejo para perpetrarlo. El testimonio de un testigo protegido es la base en la que se sustenta el caso.
La fiscal defendió la validez del testimonio de este confidente, de quien considera que «no ha ganado nada con denunciar estos hechos, sino que ha salido perjudicado, le ha valido amenazas y presiones, así como tener que marcharse de Benidorm a otra ciudad con una nueva identidad». En parecidos términos se ha expresado el abogado de la acusación particular que representa a las hijas de Ponsoda, Vicente Guerri, que atribuyó el asesinato a la «ambición personal» de Cano por ser el alcalde y a la «manía persecutoria» que sufría Salvador Ros hacia la figura del primer edil.
Por el contrario las defensas emplearon sus alegatos iniciales en cuestionar la validez del testigo protegido, de quien dijeron que su relato son «fabulaciones» e historias de ciencia ficción. Las defensas coincidieron en señalar que el testigo protegido obtuvo ventajas en otros procedimientos penales que tenía abiertos en un juzgado de Dénia, al tiempo que logró paralizar el procedimiento de expulsión de España que pesaba sobre su compañera sentimental.
«Si hay en estos días va a ver ustedes a un asesino en esta sala es al testigo protegido», ha asegurado el letrado Francisco González que representa al propietario del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y ha añadido que «si lo que dice es cierto (que le encargaron a él en primer lugar el asesinato), debería estar sentado aquí con el resto de los acusados.
Falta de pruebas directas
Los letrados insistieron en la falta de pruebas directas contra los acusados y en que la única base de las acusaciones es el testimonio de una persona de «dudosa reputación». En este sentido, las defensas de los tres acusados de ser los autores materiales del crimen han recordado que el juzgado acordó en su día el archivo de la causa para ellos por falta de pruebas con el visto bueno de la Fiscalía, que llegó a oponerse al recurso contra la decisión que presentó la acusación particular, ha recordada la abogada de Robert Franek, Mariana Ivanova. La Audiencia revocó este archivo y reabrió la causa para ellos, al considerar que esa decisión debería haberse adoptado en un juicio. En este sentido, las defensas han incidido en que desde entonces «no ha aparecido ni una sola prueba contra ellos».
La defensa del empresario Salvador Ros, Jorge Martínez Navas, subrayó que en la causa no hay ni una sola prueba que acredite la enemistad entre su representado y el alcalde asesinado. «Desde el Ayuntamiento no se adoptó ninguna decisión que le perjudicara», dijo.
Por su parte, el abogado de Juan Cano, Javier Boix, subrayó que era falso el supuesto enfrentamiento político que atribuyen las acusaciones a su representado y al alcalde asesinato. «Ambos estaban en la misma facción del grupo municipal», aseguró y negó supuestos intereses urbanísticos de Juan Cano en el municipio. «Él ya era el concejal de Urbanismo», dijo. Algunos de los letrados subrayaron que la Guardia Civil desechó otras líneas de investigación que podrían haber conducido al verdadero culpable.
