Desde el inicio de la investigación del asesinato del alcalde de Polop, la Guardia Civil tenía claras dos cosas: se trató de un crimen por encargo y el principal sospechoso era Juan Cano. Así lo declaró ayer en el juicio por el crimen de Alejandro Ponsoda uno de los agentes del equipo de élite de la Benemérita (la Unidad Central Operativa, UCO) que asumió el caso y que formó parte de las pesquisas durante el primer año. Las defensas pretendían con su testimonio poner en evidencia en todos los frentes de investigación descartados en su día por los agentes, pero el funcionario fue contundente al asegurar que dichas líneas se aparcaron porque «fueron cayendo por su propio peso». Alejandro Ponsoda murió tras ser tiroteado en octubre de 2007 a las puertas de su casa. La investigación apunta a un crimen con sicarios encargado por el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía del municipio, Juan Cano.
Si el responsable de la investigación expuso el viernes los motivos por los que se descartó un móvil pasional o relacionado con la vida íntima del acusado, el testigo de ayer se detuvo un poco más en las supuestas amenazas recibidas por la víctima por vecinos afectados por alguna expropiación de terrenos por parte del Ayuntamiento. «Aunque sea algo que no gusta, nadie encarga un asesinato porque le vayan a expropiar un suelo. En todo caso se trataría de un crimen cometido en un arrebato. Aquí había planificación»planificación, explicó. El agente también expuso que la línea pasional se descartó porque la víctima para sus relaciones tenía contactos esporádicos y en ese entorno nadie sabía ni que era un alcalde. «En aquellos días se miró absolutamente todo, unas líneas de investigación prosperaron, otras no», aseguró. En aquellos días, el equipo llegó a entrevistar a todos los vecinos de la pedanía de Xirles «puerta por puerta» en busca de algún testigo o pistas que pudieran ser relevantes y también aseguró que se miraron todos los expedientes urbanísticos, sin que ninguna de estas pesquisas aportara ninguna luz.
El agente señaló que en esas primeras declaraciones se iban encontrando con numerosas declaraciones de vecinos que habían presenciado alguna escena en la que Juan Cano trataba de manera despectiva a Alejandro Ponsoda. «Todos los caminos llevaban a Cano», aseveró. «El año 2003, (en el que Cano fue relegado en las listas al Ayuntamiento de Polop al ser denunciado por un presunto cobro de comisiones, fue el comienzo de todo», explicó en alusión al resentimiento que el acusado sentía por Alejandro Ponsoda, «él tenía sus planes y se le chafaron».
Este investigador fue asignado a un nuevo destino antes de que sus compañeros localizaran al testigo protegido cuyo testimonio es el que ha sentado a los siete acusados en el banquillo. El agente admitió que si al año de pesquisas no habían arrestado a Cano como presunto autor intelectual del crimen era porque entonces no había suficientes elementos de peso contra él.
En paradero desconocido
Ayer declaró otro de los agentes que participó en la investigación y que se encargó de tomar manifestación al testigo protegido. Según su relato, éste fue el que les dijo que el asesinato habría sido cometido por Raúl Montero y los ciudadanos checos Radim Rakowski y Robert Franek. Dicho testigo identificaba al director de una sucursal bancaria, en alusión a Juan Cano, como la persona que encargó el crimen en una reunión en los reservados del club de alterne Mesalina, en la que también estuvieron presentes el propietario y el gerente del local, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto respectivamente, así como el empresario Salvador Ros.
Este agente aseguró que los investigadores constataron que en días posteriores al asesinato, el sospechoso Raúl Montero «desapareció de la zona de Benidorm». Según su relato, la pareja de Raúl les llegó a relatar que en fechas que coinciden con las del crimen éste «se presentó muy nervioso y sudoroso tras haber pasado la noche fuera de casa y diciendo que tenían que marcharse de Benidorm», dijo. Esta testigo, que trabajaba en el club de alterne, no ha podido ser localizada para ser interrogada en el juicio.
Raúl Montero, cuando usaba documentación de su hermano, fue arrestado en Albatera dos años después del asesinato. Los investigadores llegaron a buscarle en la localidad cacereña de Coria cuando el testigo protegido desveló a los agentes lo que sabía del asesinato.
Del mismo, el agente señaló que las pesquisas realizadas les permitieron situar a Montero con los dos súbditos checos. «Fueron detenidos los tres juntos en una ocasión», a lo que añadió que en un domicilio de Paterna en el que llegaron a vivir Rakowski y Franek se intervino munición compatible por calibre y por marca con las usadas para disparar a Ponsoda».
Este funcionario era ajeno a la investigación en los primeros momentos y se incorporó al equipo cuando sus compañeros de la UCO localizaron al confidente para garantizar la imparcialidad de las pesquisas. El agente rechazó que sus compañeros hubieran podido «contaminar» al testigo protegido para que dijera lo que querían oir. Este miembro de la UCO admitió que la pareja del testigo protegido tenía abierto un expediente de expulsión por estancia irregular en territorio nacional y que se le regularizó su situación. «Es algo normal para quien colabora con la Justicia», aseguró, que añadió que en su actual destino dentro del grupo dedicado a investigar las redes de trata de seres humanos es algo que ocurre habitualmente.
Pinchazos
Del mismo modo, respaldó las visitas que agentes de la UCO hicieron a algunos de los acusados cuando ya estaban en prisión preventiva. Frente a las críticas de las defensas, sostuvo que esas entrevistas fueron realizadas con autorización judicial. A preguntas de las defensas, reconoció que no habían detectado llamadas de Juan Cano con el resto de los acusados cuando se les intervino el teléfono, así como tampoco se encontraron evidencias de la presencia en Xirles de los tres presuntos sicarios la noche del crimen.
En la sala de vistas también declaró otro agente de la UCO que se incorporó a las pesquisas en 2012 para investigar la vida laboral del testigo protegido y sus conexiones con la llamada Operación Músculos, en la que el confidente estaba siendo investigado por una red de tráfico de anabolizantes y drogas. Este funcionario se encargó también de presentar ante la autoridad judicial las denuncias del confidente en las que desvelaba que había sufrido amenazas y ofertas de soborno de 30.000 euros (en metálico o un coche por valor equivalente) para forzarle a que cambiara su testimonio. Ante esta situación, se intentó asignarle una nueva identidad «pero no fue posible por los perjuicios que iba a causarle a su vida cotidiana».
