La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha reclamado al Ministerio de Justicia la creación de más órganos jurisdiccionales “para completar la planta judicial de la Comunitat Valenciana”, la cual arrastra todavía un déficit debido a “los diez años en los que no se creó ningún juzgado nuevo”.
Así se ha expresado la titular de Justicia del Consell tras su reunión con el nuevo ministro del ramo, Juan Carlos Campo, este martes en Madrid. Bravo ha explicado que hay partidos judiciales que tienen una gran carga de trabajo o que son estratégicos por ubicarse en ciudades de especial importancia económica o social y que precisan de más juzgados. En este sentido, Gabriela Bravo ha destacado la necesidad de crear nuevos juzgados en Dénia, Sagunt, Carlet, Alicante y Castellón, especialmente en la jurisdicción penal de este último.
Por otra parte, Gabriela Bravo ha planteado al ministro la “necesidad imperiosa de que se aborde ya la reforma normativa para crear una jurisdicción específica para la violencia de género” de la misma forma que ya existe la de Menores en el ordenamiento jurídico. Para Bravo, esta reforma es urgente porque “no podemos consentir una justicia de dos velocidades y que la desigualdad afecte a las víctimas de la violencia de género en función de donde vivan”. Ahora mismo, en la Comunitat Valenciana existen 16 juzgados de Violencia contra la Mujer, pero los casos que se producen en aquellos partidos judiciales que no cuentan con uno de estos órganos, son juzgados ordinarios los que se deben hacer cargo.
En este sentido, la consellera también ha reclamado que, junto a la jurisdicción específica, se debe crear también secciones de la Fiscalía especializadas en Violencia de Género “porque esta será la mejor manera de que podamos trabajar todas las administraciones y coordinar mejor los recursos para una adecuada protección y hacerlo con eficacia”.
Ley contra la explotación sexual
La consellera también ha instado al Poder Legislativo a promulgar "una ley integral contra la trata y la explotación sexual que acabe con esa nueva modalidad de esclavitud del siglo XXI que es la prostitución". Bravo ha realizado esta petición en el transcurso de la conferencia que ha impartido este martes en el Consejo de Graduados Sociales de España bajo el título "Una sociedad sin violencia machista".
La consellera ha definido la prostitución como otra de las violencias que se ejerce contra las mujeres, si bien está "tácitamente aceptada por la sociedad" y ha recordado que prostitución, pobreza y discriminación por razón de género "son caras distintas del mismo poliedro". Gabriela Bravo ha asegurado que, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que alrededor de 100.000 mujeres ejercen la prostitución en España -el 80% de ellas, forzadas a hacerlo- en más de 1.500 burdeles, pisos o en las calles para quince millones de clientes en un negocio que movió más de 3.700 millones de euros el año pasado. "Esta cifra -ha dicho la consellera- se entiende mejor si se compara con otra: en 2019, los españoles se gastaron en entradas de cine un total de 624 millones de euros. Seis veces menos, por lo que es evidente que tenemos un problema. Un problema enorme".
Según Bravo "antes incluso de acometer la creación de esa nueva normativa, se debe revertir la reforma del Código Penal de 2015 y, en especial el artículo 187.1, que exige demostrar vulnerabilidad de la víctima y/o abusos en el ejercicio de la prostitución, "como si la realidad no fuera lo suficientemente clarificadora cuando nadie duda que la prostitución y la pobreza están íntimamente ligadas", ha dicho la consellera.
El resultado de aquella reforma, según quedó patente ya en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016 es que aquel año, el primero de vigencia de la nueva regulación, no prosperó ni un solo procedimiento por dicha infracción y se instauró una suerte de "proxenetismo consentido" que, en la práctica "es el mejor escudo protector de los traficantes de mujeres porque la mayoría de ellas terminaba retractándose de la denuncia por miedo a las represalias", ha explicado la consellera.
Mientras se acomete "esa necesaria reforma del Código Penal y se avanza en la normativa integral para luchar contra la trata, algunas comunidades autónomas, como la Valenciana, hemos empezado a caminar", ha explicado Gabriela Bravo. De esta forma, ha añadido que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ya avanzó el pasado 27 de enero que había encargado a la Abogacía autonómica "un informe para ver hasta dónde podemos llegar en el ámbito de nuestras competencias como restringir la actividad de los locales y pisos donde se ejerce la prostitución, a la vez que se potencian los programas de reinserción laboral de estas mujeres y se emprenden campañas de concienciación especialmente dirigidas a los jóvenes y a los potenciales consumidores de sexo pagado".
En este sentido, la consellera ha recordado que la Generalitat ha modificado toda la normativa autonómica para adaptarla a los preceptos que establece el Convenio de Estambul. Además, en la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública "tenemos un ambicioso programa que se articula en tres ejes: más recursos para ayudar a las víctimas, más y mejor coordinación de los servicios públicos y más formación para los profesionales que, desde todos los ámbitos implicados, atienden a las mujeres que sufren maltrato".
Según ha explicado Gabriela Bravo, los resultados de esta apuesta "están siendo esperanzadores". Ha puesto como ejemplo la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito -que ya es la mayor de España- donde se han atendido a 47.544 personas desde su puesta en marcha hace dos años. Entre ellas a más de 17.000 víctimas de violencia, es decir, a 24 mujeres cada día.
Además, la consellera ha destacado que la Valenciana "es la primera -y hasta ahora, la única? comunidad autónoma que ha creado una Oficina Especializada en Denuncias de Violencia de Género que, desde que se puso en marcha en abril del año pasado, ha atendido a un total de 601 mujeres "que ya están levantando esa losa de silencio, y de ellas la mitad han interpuesto denuncia". Además, también ha destacado que la Comunitat Valenciana ha sido la primera en poner en marcha, el pasado mes de abril, las unidades comarcales de valoración integral de riesgo, tan demandadas por jueces y fiscales. "En el año 2017 el número de informes emitidos era cero mientras que en los últimos 6 meses en la provincia de Valencia se han elaborado un centenar de informes", ha explicado.
Gabriela Bravo también ha defendido la necesidad de una justicia especializada que conozca de forma exclusiva esta problemática y esta especialización debe alcanzar también a la Fiscalía, abogacía, así como procuradores e incluso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido también ha revindicado un Turno de oficio especializado en Violencia de Género que tenga carácter exclusivo, "es decir, -ha dicho- que el mismo letrado que asiste a una víctima, no pueda defender a un presunto maltratador".
A la conferencia organizada por el Consejo de Graduados Sociales de España ha asistido, además de su presidente en calidad de anfitrión del encuentro, Ricardo Gabaldón, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el presidente de la Audiencia Nacional, Ramón Navarro Miranda; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez así como vocales del Consejo General del Poder Judicial, diputados, senadores y representantes de operadores jurídicos.
