Las dos caras de una misma crisis. Mientras que los despachos de abogados especializados en temas laborales y mercantiles están hasta arriba por la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), otros letrados tanto penalistas como civilistas se han encontrado con un brutal parón de actividad. Unos y otros mantienen los despachos cerrados, que han sustituido por el teletrabajo y las reuniones por videoconferencia. En la provincia hay más de 4.500 letrados colegiados, según el censo del Consejo de la Abogacía, y se estima que el 80% no va a tener actividad alguna.

Los jueces han suspendido todos los procedimientos que no son urgentes y casi lo único que se despacha son los detenidos durante las guardias. Este parón judicial, sin embargo, no afecta a los despachos donde se está tramitando documentación de los ERTES ante la administración laboral.

En la última estadística facilitada por la Generalitat, en la provincia de Alicante se han presentado de momento un total de 12.454 expedientes que afectarán a 61.892 trabajadores. «Hay días en que esto es un no parar. Casi desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche», asegura José Alberto Ferrer, letrado del bufete Ferrer-Pallás que cuenta en el despacho, entre otros servicios, con una consultoría fiscal-contable y laboral. «Estos procesos requieren mucha documentación, que va desde justificar los motivos de fuerza mayor para presentar el ERTE, a las fichas de cada uno de los trabajadores afectados», explica. A todo esto, la declaración trimestral de impuestos tampoco se ha suspendido y en estos bufetes es habitual recibir también en estas fechas la documentación del cliente para hacer la declaración correspondiente.

Entre los profesionales se comenta que uno de los puntos donde mayor número de ERTE se están tramitando es en los despachos de Benidorm, ante el masivo cierre de establecimientos hoteleros como consecuencia del brutal descenso de la actividad, debido al confinamiento decretado en el estado de alarma. En el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ya se están anunciando futuros cursos de formación relativos a ERTE. Mientras que en los juzgados de lo Mercantil y de lo Social, los pleitos derivados de estos expedientes de regulación de empleo están entre los asuntos que están considerados urgentes y que sí se atenderán dentro del parón judicial.

En penal, solo lo urgente

Aunque desde el Gobierno se asegura que los índices de delincuencia se desplomaron más de un 50% durante la primera semana del estado de alarma, lo cierto es que en la provincia de Alicante pasaron a disposición judicial la nada desdeñable cifra de 179 personas, que requirieron asistencia letrada ante el juzgado. A pesar de ello, veteranos penalistas de la provincia reconocen que el volumen de casos se ha desplomado. «El Derecho regula la vida de las personas. Si la vida se para, el Derecho también se para», asegura a este diario el letrado de Benidorm Francisco González.

Para la inmensa mayoría de los letrados es tiempo de quedarse en casa trabajando en causas pendientes. «Tampoco podemos presentar escritos porque hay una advertencia expresa del Consejo General del Poder Judicial de que solo se pueden presentar escritos procesales por actuaciones judiciales urgentes», con la advertencia expresa de que incumplir estas limitaciones supone un incumplimiento del estado de alarma. El parón se suple cerrando la sede física del despacho pero llevándose el trabajo a casa. «Si ven que estás, algunos clientes intentan presentarse allí», admite algún letrado. Estos penalistas tienen que preparar macrocausas complicadas que tenían que haberse celebrado en los próximos meses, pero sobre las que ahora se cierne la sombra de la suspensión.

Las asistencias en las guardias y las causas con preso son las únicas actividades que se les permite a los penalistas. Las visitas a clientes en prisiones están paralizadas por las restricciones de acceso que se han impuesto en los centros penitenciarios, precisamente para tratar de impedir que el virus pueda entrar en ellos. Los letrados también piden medidas, como el poder asistir por vía telemática sus clientes. En el partido judicial de Benidorm, hay iniciativas como la que ha trasladado al colegio el letrado Salvador Moll para que los compañeros puedan sustituir dentro del turno de oficio a aquellos que formen parte de grupos de riesgo como mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con problemas respiratorios.

Petición de ayudas

Desde el ICALI se procedió esta semana a aplazar el cobro del segundo trimestre a los colegiados, mientras que la Mutualidad de la Abogacía también ha suspendido estos pagos. Pero aún así, para algunos profesionales se trata de medidas que son insuficientes. Estefanía Bolzan es una abogada alicantina portavoz de un movimiento que reúne a letrados de toda España para reivindicar que los mutualistas sean equiparados a los autónomos porque el programa de ayudas del Gobierno les ha dejado fuera.

«Muchos asocian a los abogados como profesionales de un alto nivel adquisitivo, pero lo cierto es que el 80% somos personas que vivimos al día. Tenemos nuestras hipotecas, el alquiler, familias que mantener, y pocos vamos a poder aguantar sin ingresos durante meses», explica a este diario Bolzan. La letrada recuerda que la paralización judicial afecta hasta al pago de las costas procesales. Ante la incertidumbre, están promoviendo presentar ante el Senado una petición para que ellos y otros colectivos que han recurrido a las mutuas tengan las mismas ayudas que los autónomos.

Pleitos hipotecarios

Poco antes de la declaración del estado de alarma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abría la puerta a que los jueces españoles pudieran anular el índice hipotecario IRPH. Ante esta resolución, abogados que trabajan en asuntos de pleitos hipotecarios ya estaban preparando pleitos para reclamar la nulidad de la cláusula hipotecaria. Incluso estos procedimientos han quedado paralizados con motivo de la alerta y ni siquiera se pueden presentar demandas porque no están considerados urgentes.