La Audiencia de Alicante ha acordado prorrogar dos años más la prisión preventiva para la «viuda negra» de Alicante y su cuidador, ambos acusados del crimen del maridoy por el que serán juzgados por un jurado popular el próximo 28 de septiembre. Tal y como habían solicitado la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el letrado Aitor Prieto Razquin, el magistrado José María Merlos, que presidirá el tribunal popular, entiende que existe «riesgo de fuga» ante las elevadas penas a las que se enfrentan los acusados, así como que no se han desvirtuado a estas alturas del proceso los indicios que había contra ambos para mantenerlos privados de libertad.
Conchi M. V. y Paco P. O. llevan cerca de dos años en prisión preventiva por la muerte a puñaladas del marido de la primera, un hombre de 69 años que fue acuchillado la tarde del 20 de agosto en un aparcamiento de tierra en la calle Sol Naciente de la Albufereta, y con el que ella se había casado dos semanas antes. Una policía fuera de servicio fue testigo directo del apuñalamiento y su testimonio es una de las principales pruebas contra ambos, que niegan ser los autores y aducen que sólo trataban de ayudar al fallecido tras haber sido atacado. Los dos se enfrentan a penas de hasta 31 años de cárcel que pide la acusación particular. El fiscal pide 30 años para Conchi y 28 para su cuidador.
La Audiencia celebró el lunes una vista para decidir si prorrogaba la prisión preventiva a los dos acusados antes del juicio, ya que el próximo mes de agosto se cumplirán dos años desde el encarcelamiento de los dos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite hasta un máximo de cuatro años de encarcelamiento antes del juicio. Conchi y Paco comparecieron ante la Audiencia por videoconferencia desde la prisión de Villena, medida adoptada para evitar el traslado hasta la sede judicial ante el riesgo por la crisis del coronavirus.
Defensas
Los abogados de la defensa, José Soler Martín y Francisco Sánchez-Camacho, reclamaron la puesta en libertad bajo fianza de los dos acusados alegando que habían pasado cerca de dos años desde los hechos y que el control de las fronteras que existía en la actualidad debido al estado de alarma impedía que pudieran huir a otro país. Incluso llegaron a plantear el uso de una pulsera telemática para controlar sus movimientos.
La Audiencia se ha sumado a las tesis de las acusaciones y considera que el tiempo de encarcelamiento no es excesivo y que sólo faltan tres meses para la celebración del juicio, motivos por los que ha optado por mantenerlos en prisión.
