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La sala permite a Ortiz volver a declararse inocente de los amaños del Plan General

El tribunal afirma que no necesita razones para validar la retractación del empresario y rechaza la pretensión de las acusaciones - Las defensas abren fuego contra la validez de las escuchas de esta pieza del caso Brugal durante la primera jornada del juicio

Luis Díaz Alperi rodeado de cámaras al entrar al edificio. alex dominguez

El visto bueno de la Audiencia a que el empresario Enrique Ortiz y otros dos acusados más se retracten de los acuerdos alcanzados con Anticorrupción y las peticiones de varias defensas de anular las escuchas telefónicas marcaron ayer la primera jornada del juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante. Tras una década de instrucción, ayer arrancó el enjuiciamiento de esta pieza separada del caso Brugal en la que están acusados, junto a otros seis, los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz. A los representantes municipales se les imputa haber aceptado dádivas y regalos del empresario por amañar el planeamiento urbanístico de la ciudad.

Una jornada para dirimir cuestiones estrictamente jurídicas y que se retomará la próxima semana, el 7 de julio, con los informes de los letrados que ayer por falta de tiempo no pudieron intervenir y la réplica de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida.

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Comienza el juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante

La mitad de la sesión se empleó en decidir sobre la petición de la Fiscalía para que se invalidara la marcha atrás del empresario Enrique Ortiz de su pacto con las acusaciones. La sala resolvió que «no necesitaba razones» para validar estas retractaciones y tumbó las pretensiones de los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero. El promotor pactó admitir los hechos que le imputaban a cambio de una rebaja en la pena solicitada de ocho a dos años de cárcel. Tras la sentencia que anuló hace dos semanas en Elche las escuchas que dieron inicio al caso Brugal, Ortiz dio cambió de idea y anunció que ya no estaba interesado en ese acuerdo. Un cambio de rumbo al que se sumó un hermano del empresario y uno de sus empleados de confianza, quienes también se habían conformado.

Como ya había adelantado en un escrito, la Fiscalía planteó ayer que el acuerdo en el que Ortiz se declaraba culpable de delitos de corrupción era «irrevocable» y que se hubiera convertido en una sentencia firme de no ser porque no todos los acusados se habían conformado. Planteaba la Fiscalía la suspensión de la vista para que el tribunal decidiera si esta renuncia era o no válida, petición a la que se sumaron las demás acusaciones. «Enrique Ortiz estaba asistido por sus letrados y sabía perfectamente cuál era el alcance procesal del acuerdo que está firmando», aseguró José Luis Romero, letrado de Esquerra Unida, mientras que en nombre del Ayuntamiento, el abogado José María López Coig calificó el pacto de «inamovible» e «intocable».

Argumentos que fueron rechazados por las defensas alegando que no existe ley alguna que impida a los acusados desdecirse de sus acuerdos. «Si algo es nulo es precisamente la conformidad que se ha firmado», aseguró el abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, quien mantuvo que las acusaciones habían intentado suplir a través de esas conformidades hechos que no habían conseguido probarse en la investigación. El letrado desveló que su representado había llegado a recibir mensajes y fotografías intimidatorias, que mostró en la sala, para tratar de forzarle a llegar a un acuerdo. La conformidad de Ortiz fue negociada por el abogado Miguel Torres, que representa en este proceso a otro de los promotores acusados, el ilicitano Ramón Salvador Águeda. «Yo no negocié ni un solo término», puntualizó Ruiz Marco.

La llegada de Alperi y Castedo al juicio por los presuntos amaños del PGOU de Alicante

La llegada de Alperi y Castedo al juicio por los presuntos amaños del PGOU de Alicante

En parecidos términos al letrado de Ortiz se expresaron otras defensas. José María Asencio, que representa a la exalcaldesa Sonia Castedo, recalcó que un acusado puede retractarse «porque le da la gana» y que no había existido merma alguna para las acusaciones. Mientras que Alejandro Bas, de los otros dos confesos arrepentidos, consideró propio de «el mundo al revés» que a las acusaciones les moleste que los procesados no quieran conformarse con las reducciones de penas que les ofrecieron y prefieran ir a juicio.

Uno por uno, la magistrada Montserrat Navarro llamó a los cuatro acusados que habían firmado la conformidad para preguntarles si se retractaban. Ni Enrique Ortiz, ni su hermano Virgilio, ni Santiago Besándole se mantuvieron en lo firmado. Solo Ramón Salvador se mostró de acuerdo en la pena de tres meses de cárcel por confesar que pagó para conseguir recalificar terrenos que no eran urbanizables en la revisión del Plan General. Únicamente tendrá que acudir el día que tenga que declarar y está exento de asistir al resto de las sesiones.

Acusaciones de fraude procesal

Estas discusiones consumieron la mitad de la mañana y no hubo tiempo material para que todas las defensas presentaran sus alegaciones iniciales para pedir que se tumben las escuchas telefónicas en las que se basaron las investigaciones. «Este caso es una actuación patente de abuso de derecho y fraude procesal», argumentó Asencio en lo que fue una lección magistral de Derecho Procesal. El letrado cuestionó la labor de la Fiscalía al provocar que toda la investigación relativa al Plan General de Alicante se quedara en un juzgado de Orihuela, ocultando a los magistrados oriolanos que cuando se envió una pieza separada por las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa de Alicante ésta se acabó archivando sin que se autorizaran las escuchas. Con esta situación se permitió que en Orihuela se siguieran investigando esos mismos hechos que otro juzgado había rechazado. «Las escuchas están evitar delitos,no para asegurarse de que el delito se comete», aseveró. Y recalcó que la investigación partió de considerar las relaciones empresariales de Enrique Ortiz delictivas de por sí», dijo.

El segundo abogado de Castedo, Ignacio Gally, insistió en que la exregidora no fue imputada hasta dos años después de que la causa llegara al juzgado y en durante ese tiempo había tratado de personarse en la causa para poder defenderse, sin que se lo permitieran, lo que consideró una vulneración del derecho de defensa. Bas pidió la nulidad de todas las escuchas por haberse ordenado de manera prospectiva en resoluciones estereotipadas y sin motivación.

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