Tres mujeres de un prostíbulo de Elche han sido condenadas a indemnizar, de forma solidaria, con 3.494 euros más intereses legales a un cliente que presenta una discapacidad intelectual del 65%. Además, también han sido condenadas a una pena, para cada una de ellas, de seis meses de prisión, todo ello por un delito continuado de estafa. El establecimiento de las trabajadoras pasa a ser, en su defecto, responsable civil subsidiario.
Los hechos ocurrieron en abril de 2017, cuando la víctima y un amigo accedieron, sobre las dos de la madrugada, a este establecimiento en el término municipal de Elche. Allí la víctima pagó con la tarjeta de crédito y en el momento de introducir el pin las ahora tres condenadas pudieron ver el número secreto que marcaba para autorizar la operación.
Tras ese pago, según se recoge en la sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Elche, las condenadas metieron al cliente en una habitación y «aprovechando la vulnerabilidad por la discapacidad intelectual que padece lo desnudaron, logrando sacar de la habitación la tarjeta con la que llevaron a cabo operaciones económicas que no autorizó». Además, las condenadas fueron a un cajero próximo al club y extrajeron otros 600 euros con esa tarjeta.
El importe total de las operaciones que gestionaron sin autorización del titular de la tarjeta ascendió a 7.994 euros. No obstante, el seguro de la tarjeta ya ha cubierto 4.500 euros y el resto, 3.494 euros más intereses, es lo que tendrán que aportar las mujeres o el establecimiento como responsable civil subsidiario.
El denunciante tiene reconocida la capacidad intelectual desde el año 2015 y es su padre el que debe autorizar asuntos como la disposición de dinero superiores a 250 euros.
En la sentencia también se recoge que se retiró la acusación contra otras tres mujeres por falta de acusación, mientras se absuelve a otras dos y un hombre vinculados al mismo establecimiento. Las condenadas no entrarán en prisión a menos que delincan en dos años.
La familia del joven estafado asegura que no está de acuerdo con el procedimiento que se siguió en el juicio. Afirma que nadie les dijo o les preguntó si querían llegar a un acuerdo, de ahí su indignación. Están molestos tanto con el abogado de oficio que les tocó, como con la Fiscalía, porque consideran los afectados que al menos les tenían que haber consultado o asesorado sobre la situación de llegar a un entendimiento. En la sentencia se recoge que la misma «fue notificada a las partes en el acto del juicio, manifestando su deseo de no recurrirla, por lo que se declaró su firmeza».
La familia, que explica haber elevado su malestar por este sentido a la autoridad judicial, ha manifestado su deseo de no dejar así las cosas.
