El juez procesa a cuatro mandos militares por encubrir la muerte de un legionario en Agost

Inicialmente se aseguró que el legionario murió a causa de un accidente, siendo alcanzado por el rebote de un proyectil que le entró por la axila en el hueco del chaleco antibalas. Sin embargo, la prueba pericial determinó que fue un impacto directo en el pecho de un proyectil disparado por su propio sargento a 12,5 metros y que además, no llevaba las placas balísticas que le habrían protegido del impacto. Horas después de la muerte se limpió la zona, lo que habría borrado todas las pruebas; sin embargo, el proyectil que quedó en el cadáver ayudó a conocer las verdaderas causas de la muerte en la segunda autopsia.

Según el relato del juez, esa misma noche el capitán de la compañía reunió a los mandos a sus órdenes y les dijo que debían declarar que él estaba presente, cuando esto era falso. A la mañana siguiente, saltó el precinto policial del campo de tiro e hizo una reconstrucción ficticia de los hechos para que los legionarios la ensayaran antes de la llegada de la Guardia Civil.

Fuego cruzado

Se trataba de hacer creer a las autoridades que estaban a cuatro o cinco metros de su posición real, ocultando así que, a diferencia de lo que el capitán había ordenado, los dos pelotones asaltaron simultáneamente la loma disparando desde flancos opuestos, con el riesgo de fuego cruzado, que el sargento disparó cuando debía limitarse a supervisar el ejercicio o que un teniente y un cabo se sumaron al asalto sobre la marcha, sin informar a nadie. Lo que ocurrió, según el auto, fue que con el ejercicio ya acabado, el sargento se inventó un nuevo enemigo y ordenó disparar hacia la falda de la loma. Cuando los legionarios estaban rodilla en suelo, comprobando sus cargadores, se oyó a Alejandro Jiménez gritar que le habían dado. En cuanto se llevaron al joven malherido, varios soldados recibieron la orden de recoger las vainas que habían quedado sobre el terreno, lo que alteró gravemente la escena.

Tres días después de la muerte de Jiménez, el 28 de marzo, durante su traslado de Almería a Alicante para prestar declaración ante la Guardia Civil, el sargento les dijo a varios legionarios que fueran breves en sus respuestas a los investigadores y que no dieran margen a que le hagan muchas preguntas «porque la Guardia Civil tiene una teoría».

El juez militar procesa al sargento por homicidio imprudente, abuso de la autoridad y obstrucción a la justicia, pidiendo 330.000 euros de responsabilidad civil. Al capitán lo procesan por deslealtad, encubrimiento y desobediencia a agentes de la autoridad. A los dos tenientes, el cabo y los tres soldados, por encubrimiento, entre otros delitos.

La Guardia Civil desplegó toda su maquinaria y medios técnicos, con sofisticados análisis de laboratorio, hasta concluir que la bala que mató al joven partió del fusil de su propio sargento, y que le alcanzó en el pecho, en la zona cubierta por el chaleco, pero que no contaba con las preceptivas placas metálicas, lo que lo convertían en inútil. Los soldados admitieron que nunca llevaban esas placas, que pesan dos kilos. Pero desde la muerte de Alejandro las llevan.

Ni los mandos ni los compañeros habían visto nada. El único legionario que reveló a los investigadores las indicaciones de alterar los hechos fue sometido a un constate acoso, que le llevó a cogerse una baja por motivos psicológicos. Sus compañeros le tildaron de «traidor» y «maricón», hasta que fue apartado del servicio.

El Juzgado Togado Militar Territorial número 23 de Almería llegó a investigar por estos hechos a un total de 16 militares, aunque los procesados ahora son cuatro.