Plan de choque de la Conselleria de Justicia en los juzgados de Familia para agilizar los informes psicosociales en los procesos de divorcio. La carga de trabajo de estos juzgados, unido a la complejidad de estos casos, está causando una demora que ronda entre los siete y los ocho meses. El objetivo de la Conselleria es firmar acuerdos con los colegios profesionales tanto de Psicólogos como de Trabajadores Sociales para reforzar el trabajo de los gabinetes psicosociales en toda la provincia, para reducir la demora a entre uno y dos meses.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, mantuvo ayer una reunión en el Palacio de Justicia de Pardo Jimeno con el juez de decano de Alicante, César Martínez, y los jueces de Familia para analizar el problema de la carga de trabajo que acumulan los gabinetes psicosociales que trabajan en los juzgados. La propia Bravo aseguró ayer que estos retrasos de hasta siete y ocho meses era algo «insoportable», especialmente para las propias familias en proceso de separación que están a la espera de una resolución en cuestiones muy delicadas.
Estos informes son pruebas periciales muy comunes en los procesos de divorcio y corren a cargo de psicólogos y trabajadores sociales que examinan a los padres y a los hijos para emitir un dictamen que recomienda que la custodia se atribuya a uno u otro progenitor o, por el contrario, que se establezca un sistema de custodia compartida. Los informes de estos profesionales también se utilizan en procesos de adopción o en caso de maltratos a menores.
En toda la provincia, se cuenta con gabinetes psicosociales en los partidos judiciales de Alicante, Benidorm, Elche, Alcoy y Orihuela, que soportan una gran carga de trabajo debido al elevado número de solicitudes de informes que se reciben desde los juzgados de Familia. Durante el año pasado, los cinco gabinetes recibieron un total de 416 solicitudes, de las cuales se resolvieron 186. Este cuello de botella está provocando retrasos de hasta siete y ocho meses. La demora de esos informes retrasa cualquier decisión por parte del juzgado, ya que los magistrados se apoyan en sus conclusiones antes de emitir cualquier tipo de resolución.
Reducir la espera a un mes
Bravo aseguró que «nos preocupa mucho la lentitud de estos informes, sobre todo cuando estamos hablando de procedimien tos que afectan a temas tan sensibles donde tanto los menores como los progenitores se encuentran en una situación verdaderamente complicadas por el efecto que causa en los menores y que hay que resolver cuanto antes». Para la consellera reducir el tiempo de espera a un mes o dos sería una demora razonable. En este sentido explicó que los jueces podrán seguir contando el trabajo del gabinete psicosocial pero además con psicólogos y trabajadores sociales especializados en la materia, cuyo trabajo será abonado por la Conselleria de Justicia. «El objetivo es dar un servicio de mayor calidad a la ciudadanía», ha explicado Bravo después de mantener la reunión con los magistrados alicantinos.
Desde la administración autonómica se están preparando convenios con los dos colegios para que aporten funcionarios de ambas disciplinas. Según explicó Bravo, será la propia Conselleria la que asuma los cursos de especialización de estos peritos en temas de familia y en los que participarán tanto los propios magistrados como los miembros de los equipos psicosociales «a fin de que estén los suficientemente preparados como para realizar estos trabajos».
La previsión es poder reducir la espera a entre uno y dos meses, un plazo que va a depender de la complejidad que tenga el asunto. Bravo explicó que los convenios se firmarán con los colegios profesionales en breve y que la intención es que entrara en vigor durante el último trimestre de este año.
La jornada de ayer preveía visitas de la consellera a otras sedes judiciales de Alicante, como una a la Audiencia de Alicante para analizar la situación de los magistrados, pero tuvo que suspenderse debido a cambios de agenda de última hora.
En estos momentos, tres de los trece juzgados de Primera Instancia con los que cuenta el partido judicial de Alicante están especializados en temas de Familia y tramitan un millar de procedimientos al año. Desde hace un año asumieron las competencias en exclusiva de todos los procedimientos civiles de todo el partido judicial de Alicante derivados de la incapacitación de personas y los internamientos involuntarios en residencias. Estos asuntos y las visitas a los centros se las reparten entre los tres juzgados.
