El Ministerio del Interior ha ordenado este miércoles la reapertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que quedaron inutilizados durante el estado de alarma por el coronavirus con el objetivo de que vuelvan a ser usados con los inmigrantes que llegan a España en pateras y cayucos. También se pide realizar las "gestiones oportunas" con los consulados de los países de origen para materializar las expulsiones. La orden cursada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se activa tras la llegada de casi un millar de inmigrantes en pateras y cayucos a las costas españolas, 90 de ellos a la provincia de Alicante.

En un oficio con fecha de 23 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Secretaría General de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informa a las Unidades de Coordinación Operativa Territoriales de esta novedad que afecta a los CIE de la península y de Canarias. En concreto, el oficio recoge que se "reinicia la actividad operativa" en los CIE de la península con el internamiento de los ciudadanos argelinos y marroquíes que lleguen en patera y en los CIE del archipiélago canario para inmigrantes subsaharianos llegados desde Mauritania.

Se ordena asimismo que la Unidad Central de Repatriaciones realice las "gestiones oportunas con los consulados de los países de origen para poder materializar las expulsiones", solicitando por parte de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras que se comunique vía telefónica el primer internamiento efectivo en cada CIE.

El estado de alarma decretado el 14 de marzo y el cierre de fronteras obligó a vaciar los CIE en un proceso que culminó 6 de mayo, día en el que ya no quedó ningún interno ingresado en estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. La ley permite mantenerlos dentro de los CIE un máximo de 60 días y, si en este plazo no han sido devueltos a sus países de origen, deben quedar en libertad. En el contexto del estado de alarma, que derivó en el cierre de fronteras, fue imposible su retorno a sus países de origen.

Mientras se materializa la apertura de los CIE y al no haber plazas suficientes para internar al elevado número de inmigrantes llegados en los últimos días, la Policía Nacional continúa entregando a Cruz Roja y otras ong a las personas que llegan en patera y dan negativo en la prueba del covid-19.

De los 90 inmigrantes interceptados el miércoles en la provincia de Alicante, uno estaba contagiado con el covid y fue trasladado al Hospital General de Alicante, igual que las 17 personas que le acompañaban en la patera, las cuales deberán pasar la cuarentena en el hospital de campaña. Los otros 72 inmigrantes serán entregados a ong una vez la Policía les incoe el expediente de infracción a la Ley de Extranjería.

El SPP denuncia carencias

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha denunciado la falta de coordinación de las distintas administraciones en las actuaciones con motivo de la llegada de pateras a las costas españolas poniendo en grave peligro la salud de los policías nacionales. Además, expone que hay "graves carencias en cuanto a las medidas de prevención de la salud, aumentando con ello un incremento exponencial en el riesgo de contagio y de expansión de la pandemia entre los policías nacionales", según informan en un comunicado.

El SPP denuncia también el incumplimiento de la necesaria cuarentena a la que obliga la Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, en la que claramente se expresa que “las personas procedentes del extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada”. Se trata de un problema de colaboración institucional que perjudica a todas las partes, llegando ese perjuicio en última instancia a los ciudadanos.

Los últimos inmigrantes llegados a la carpa en el Puerto de Alicante.

Los últimos inmigrantes llegados a la carpa en el Puerto de Alicante. INFORMACIÓN

En el sindicato consideran que la problemática planteada excede el ámbito competencial de la Dirección General de la Policía, que no dispone de suficientes medios ni protocolos adecuados para afrontar este problema. Consideran que se trata de un problema sanitario que compete a las comunidades autónomas que están incurriendo en una clara dejación de funciones a la hora del traslado a centros adecuados de los inmigrantes no positivos que han estado en contacto estrecho con otros contagiados por coronavirus.

Sostienen que la solución debe ser adoptada desde la “estricta colaboración” de todas las instituciones implicadas, ya sean de ámbito nacional o autonómico sin que se “pasen la pelota” de una a otra, dejando sin resolver un problema tan grave que acaba poniendo siempre en riesgo a los mismos, a los policías, a quienes por cierto el propio vicepresidente del gobierno considera “no fundamentales para seguir combatiendo la pandemia” y del cual piden una vez más su cese por considerar sus palabras indignas de uno de los máximos representantes en este momento del Estado.

Reclaman que, "de forma inmediata, se implementen las necesarias medidas de carácter preventivo que puedan afectar directamente a los policías nacionales y también al resto de personal implicado".