La Guardia Civil ha detenido en Almoradí a un ciudadano marroquí de 46 años y en Blanca (Murcia) a dos españoles de 37 y 45 como presuntos autores de una estafa de más de 45.000 euros con la compraventa de 115.600 kilogramos de limones y naranjas en la Vega Baja. Los arrestados, que quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en Orihuela, fueron acusados también de delitos de apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, ya que explotaban presuntamente a más de 50 temporeros para recoger los cítricos.
La operación realizada por el Equipo ROCA -robos en el campo- de la Guardia Civil de Torrevieja se inició el pasado junio tras recibirse varias denuncia por estafas en Jacarilla, Callosa de Segura, Dolores y Almoradí. Todas estaban relacionadas con la compraventa de cítricos y una víctima denunció que se habían apropiado de 78 boxes de fruta en sus explotaciones agrícolas.
Los investigadores comprobaron que los estafadores contactaban inicialmente con las víctimas haciéndose pasar por empleados de una empresa solvente del mercado agrario. A continuación concertaban acuerdos de compraventa de cítricos y uno de los implicados se personaba en las fincas e incluso en el domicilio de los estafados para firmar los contratos en representación de la empresa de la supuestamente era administrador.
Pagarés sin fondos
Así se ganaban la confianza de las víctimas, a las que emitían pagarés que carecían de fondos a la fecha de su vencimiento. Cuando las víctimas se daban cuenta de que no tenían fondos, los estafadores desaparecían o ponían como excusa que habían cerrado la empresa.
Además del fraude, los implicados también se aprovechaban de la situación de necesidad de ciudadanos extranjeros para contratar cuadrillas para trabajar en el campo. Como no tenían permiso de residencia ni de trabajo les sometían a unas condiciones laborales «perjudiciales y restrictivas de sus derechos». Asimismo, con ánimo de lucro ayudaron a los temporeros extranjeros a transitar y permanecer en el país, de ahí que la Guardia Civil les haya imputado también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
