La Policía Nacional de Alicante ha desmantelado una trama liderada por abogado de Benidorm que durante casi una década se ha dedicado presuntamente a cometer estafas para apropiarse de inmuebles y otros bienes de personas fallecidas que no tenían herederos o se marchaban al extranjero sin que nadie los reclamara. Las casas eran vendidas a un precio sensiblemente superior al pagado para inscribirlas a nombre de testaferros mediante la falsificación de poderes notariales o escrituras de donación y con estas operaciones fraudulentas los implicados han ganado más de tres millones de euros, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.
Los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han detenido en la operación a quince personas y han descubierto que el grupo ha intentado quedarse con cerca de 80 casas desde 2012, pero no descarta que la cifra sea aún mayor. En 26 ocasiones consiguieron su propósito y la intervención policial ha evitado que se ejecutara la venta fraudulenta de otras 32 viviendas, mientras que hay otra veintena de casos que están bajo sospecha y se están investigando.
Desde el pasado mes de agosto se han ido practicando una cadena de detenciones, la última esta semana pasada. Hasta el momento la Policía ha arrestado a 15 personas y ha imputado a otra en Alicante, Benidorm, La Nucía, Elche, Altea y Polop de la Marina. La operación, dirigida por un juzgado de Alicante, continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.
Todos los implicados se encuentran en libertad con cargos, excepto el presunto cabecilla, el abogado de Benidorm Vicente S., quien trabajó en el ayuntamiento benidormí y fue condenado en 2014 a seis meses de prisión por falsificar la firma del exconcejal Francisco Saval para adjudicar un contrato municipal para instalar placas solares en las cubiertas del Consistorio del Palacio de Deportes de la ciudad turística. La Policía le detuvo a finales de agosto en Polop y el juzgado acordó su ingreso en prisión preventiva.
La Policía realizó el grueso de los arrestos a finales de septiembre, entre ellos el de un vecino de Alicante, Luis Santiago A., considerado por los investigadores como otro de los principales implicados en la macroestafa. Esta persona fue condenada en mayo de 2019 por la Audiencia a cinco años de cárcel por estafar más de un millón y medio de euros a los responsables de Seguridad Thron durante los años en que fue contratado para intentar reflotar la empresa. Le impusieron también una multa de 4,6 millones a las mercantiles que usó para desviar el dinero, pero dicho fallo fue recurrido ante el Tribunal Supremo y aún no se ha resuelto la casación.
Otro apresado que la Policía sitúa entre los principales implicados de la trama es un abogado de Elche que obtenía documentación de las viviendas, analizaba la viabilidad de las operaciones y en ocasiones también acudía a las firmas ante notario. También fueron arrestados dos agentes inmobiliarios de Benidorm, así como las personas que actuaron como testaferros de la trama y cobraban comisiones por su colaboración para consumar el fraude.
La macroestafa ha sido descubierta por la Policía a raíz de la investigación abierta tras una intervención llevada a cabo en el último trimestre de 2019. Cinco personas, entre ellas tres de las 15 apresadas ahora, fueron detenidas por usar un protocolo notarial de donación falso para apropiarse del dinero y de ocho inmuebles situados en la Costa Blanca y en Madrid que eran de una ciudadana alemana fallecida en 2017. En la comunidad madrileña consumaron la estafa y ganaron 583.000 euros con cinco propiedades. Sin embargo, en Alicante un notario se dio cuenta de la falsedad de un poder notarial y avisó a la Policía. Detuvo a los implicados y evitó la venta de tres viviendas y que obtuvieran más de 300.000 euros que la mujer fallecida tenía en sus cuentas bancarias.
El grupo investigado, asentado en la Marina Alta y Baja, localizaba inicialmente viviendas de personas fallecidas sin herederos o de extranjeros de avanzada edad que regresaban a sus países de origen. Para ello contaba con información facilitada por personal de agencias inmobiliarias, administradores de fincas, de tanatorios y organismos públicos y privados, colaboradores que los investigadores tratan de identificar.
Una vez localizado el inmueble pagaban las deudas pendientes y falsificaban poderes notariales o escrituras de donación como si las hubiesen hecho los verdaderos titulares en consulados españoles y notarios de Cuba, Eslovaquia y Estados Unidos. Ponían a los testaferros como herederos y formalizaban la venta por un precio bajo ante notarios de Alicante, El Campello, Madrid y València. Finalmente, las viviendas eran vendidas a terceras personas que actuaban de buena fe y las compraban por un precio muy superior. Este fue el caso de dos viviendas en Altea que fueron adquiridas a nombre de testaferros por 36.000 y 40.000 euros y luego las vendieron por 150.000 y 125.000 euros, respectivamente.
La Policía sigue analizando la documentación incautada en soporte papel e informático en los seis registros realizados. Por ahora ya se ha acreditado un beneficio real de 2,9 millones de euros y se baraja que al menos ganaron otro millón más.
