La Policía Nacional ha detenido a siete personas en las localidades de Calp, en Alicante, y Gavá, en Barcelona, por pertenecer a una organización que fletaba buques mercantes para el transporte ilegal de armamento y explosivos desde Europa a diferentes países de África y Oriente Medio -especialmente a zonas en conflicto-. El grupo habría blanqueado más de diez millones de euros obtenidos a través de esta actividad ilícita. Una disputa entre cabecillas provocó una fisura y permitió a los agentes intervenir el pasado lunes, tal y como adelantó este diario, tras una investigación iniciada en 2018.
La trama es de película. La organización, ahora dividida por la pelea entre dos de sus miembros con más poder, hacía gala de su capacidad de operación internacional a través del Mediterráneo con episodios tan singulares como el transporte de carros de combate, o la planificación de la fuga del capitán de uno de los cargueros, que había sido detenido por las autoridades griegas por contrabando de armas.
Los miembros de la red operaban desde España y colaboraban en la compraventa de armamento ruso que viajaba dentro de cargueros fletados desde España junto a otro armamento, este sí de origen lícito, con el que camuflaban la procedencia del cargamento ilegal.
Las medidas de seguridad que guardaban los líderes para ocultar su actividad de contrabando de armas y de blanqueo de capitales eran máximas, pero la disputa interna, protagonizada por extorsiones y amenazas mutuas, y que buscaba obtener el control de las rutas marítimas utilizadas en los envíos de armas procedentes de Ucrania a diferentes destinos, principalmente países del norte de África y otros en conflicto de Oriente Medio. Este pulso provocó una escisión de la estructura criminal en dos facciones que, por separado, continuarían con las actividades delictivas.
La organización generaba grandes beneficios que eran introducidos en el sector económico nacional. Para dotarlos de apariencia legal –blanqueo de capitales-, habían establecido un modus operandi que consistía en domiciliar los cargueros en paraísos fiscales, tal y como han desvelado las embarcaciones intervenidas por la Policía Nacional.
De esta manera, se aseguraban de recibir el dinero originario del tráfico de armas en países con un control bancario menos riguroso, para después transferirlo a cuentas corrientes de sociedades europeas, principalmente Suiza y el Reino Unido. Una vez allí, las mercantiles que controlaban las cuentas corrientes, transferían a España todo el capital blanqueado, simulando una actividad comercial lícita y real que permitía a los investigados operar mediante inversiones patrimoniales y mantener un elevado nivel de vida.
Esta operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y EUROPOL, tras una compleja investigación coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. La gran complejidad de la operación ha requerido la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que incluía expertos en el campo económico, armamentístico, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional.
En el operativo policial llevado a cabo el pasado martes se ha desarrollado en las provincias de Valencia, Alicante y Barcelona, con siete entradas y registros domiciliarios, y la intervención de importante documentación de índole económica, equipos informáticos y dinero en efectivo.
Tres de los detenidos, líderes de la organización, han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional, y se ha decretado su ingreso en prisión.
El juez también ha ordenado medidas cautelares de embargo sobre 18 propiedades inmobiliarias y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros, de tal forma que el valor en conjunto del patrimonio objeto de intervención podría superar ampliamente los 10 millones de euros.
