La suspensión planea de nuevo, por quinta vez, sobre el juicio del mayor fraude fiscal cometido en la provincia con la compraventa de coches de lujo -8 millones de euros- en el Grupo Autosalón y el motivo ahora no es otro que el covid-19 y el consiguiente riesgo de contagio. La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante debe resolver esta próxima semana una petición de suspensión planteada por el abogado de uno de los seis acusados al cuestionar el peligro de contagio en la sala de vistas y a la que se han adherido varios letrados más de la defensa.
El macrojuicio está señalado para el próximo 23 de noviembre y el tribunal ha programado dieciocho sesiones desde ese día hasta el 18 de diciembre. Dada la gran cantidad de personas que deben estar presentes, la Audiencia tiene reservado el salón de actos de los Juzgados de Benalúa, en el edificio de Pardo Gimeno. Sin embargo, la defensa de uno de los procesados cuestiona que se celebre el juicio en estas condiciones de riesgo de contagio del covid-19, ya que a la vista tienen que acudir cerca de treinta abogados de los acusados y de compañías consideradas responsables civiles subsidiarias. así como los tres miembros del tribunal, el fiscal, el representante de la Abogacía del Estado y los seis acusados.
Por si fueran pocas personas, la lista de testigos y peritos también es extensa, casi medio centenar de personas, de ahí que se haya pedido la suspensión para no exponerse a riesgos innecesarios en la situación actual en la que se están incrementando los casos de covid-19.
La Sección Tercera dio traslado esta semana de la petición de suspensión al fiscal del caso, Abogacía del Estado y a los abogados defensores, varios de los cuales se adhirieron a la petición de posponer la vista oral. A lo largo de esta semana el tribunal resolverá la petición.
Otra solicitud que sí ha resuelto la Audiencia de Alicante y ha denegado, con el visto bueno de la Fiscalía, es la petición de la defensa del principal procesado para que preste declaración por videoconferencia desde la cárcel de Topas (Salamanca), donde está recluido de forma preventiva por otra causa.
El considerado cabecilla del fraude fiscal de más de ocho millones de euros entre 2004 y 2007 es el empresario Juan Andrés C. P., quien estaba al frente del Grupo Autosalón cuando fue arrestado en 2008 en una operación de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Actualmente se encuentra en prisión preventiva tras ser arrestado nuevamente como presunto responsable de una importante red de tráfico de cocaína y blanqueo con la venta de coches de alta gama.
En el juicio de Autosalón, la Fiscalía solicita penas que suman 169 años de prisión para los seis acusados. Para el empresario solicita penas que suman 44 años de prisión y multa de 44 millones por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y falsificación de documentos.
La trama que será enjuiciada en la Audiencia consistía en comprar coches de alta gama en Alemania sin pagar IVA y simular luego ventas en España para deducírselo y pedir la devolución del impuesto.
La Audiencia lleva varios años intentando celebrar sin éxito este macrojuicio. La primera suspensión se produjo en octubre de 2016 ante la posibilidad de que los acusados llegaran a un acuerdo de conformidad con la Agencia Tributaria. No fructificó y se señaló para noviembre de 2017, pero de nuevo se anuló por la llegada a última hora de miles de documentos aportados por la Agencia Tributaria y reclamados por las defensas, En mayo de 2019 fue el tercer intento, pero se pospuso por la muerte repentina del abogado del Estado que llevaba el caso. El cuarto señalamiento se fijo para el pasado enero y se quedaron sin sala de vistas por el juicio del asesinato del alcalde de Polop. Ahora es el covid quien puede provocar la nueva suspensión y dejar que la causa siga al ralentí hasta que pase el peligro del coronavirus.
