El riesgo de contagio del covid-19 ha obligado a la Audiencia Provincial de Alicante a suspender por quinta vez, a petición de defensas y con el visto bueno de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el juicio por el mayor fraude fiscal cometido en la provincia con la compraventa de coches de lujo en el Grupo Autosalón, un desfalco de más de ocho millones de euros por el que deben ser juzgados seis acusados. Este macrojuicio, que debía haber comenzado el próximo 23 de noviembre y estaba previsto que terminase el 18 de diciembre, se está instruyendo desde la detención de los implicados hace doce años. La Sección Tercera acordó a última hora de la mañana de ayer la suspensión y dictó una providencia en la que posponía la vista oral, sin fijar por ahora una nueva fecha de celebración.
La petición de suspensión fue planteada por el abogado defensor de uno de los seis procesados y varias defensas se adhirieron a la solicitud. El juicio iba a celebrarse en el salón de actos del edificio judicial de Pardo Gimeno y a pesar de ser más amplio que las salas de vistas de la Audiencia se alertó del peligro de celebrar allí el macrojuicio por el riesgo de contagio con el covid-19.
Además de los problemas de ventilación, en el juicio está previsto que concurran en la misma sala cerca de una treintena de abogados, entre los defensores de los seis procesados y de las empresas y compañías consideradas como responsables civiles subsidiarias, el fiscal encargado del caso, un miembro de la Abogacía del Estado, los tres magistrados que conforman el tribunal que enjuiciará el fraude y el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Tercera, la misma que acaba de celebrar el macrojuicio del caso PGOU. A este elevado número de personas hay que sumar medio centenar de testigos y peritos que deben prestar declaración.
En una providencia notificada ayer a las partes por la Sección Tercera de la Audiencia, la Sala acuerda la suspensión del juicio a causa de la pandemia y precisa que se deja pendiente un nuevo señalamiento para «cuando las circunstancias lo permitan».
La resolución de la magistrada ponente también recoge que el Ministerio Fiscal presentó ayer mismo un escrito en el que no se oponía a la suspensión pedida por las defensas y que la Abogacía del Estado también se pronunció en el mismo sentido y mostró su conformidad con la anulación de la vista oral.
La anterior suspensión se acordó en noviembre del pasado año, dos meses antes de la fecha fijada para celebrar la vista oral, y se pospuso al no disponer de sala de vistas con espacio suficiente para albergar a todas las personas.
Al frente del fraude que debe ser enjuiciado, las acusaciones sitúan al empresario Juan Andrés C.P., actualmente en prisión por una causa de narcotráfico. La Fiscalía pide para los acusados penas de entre 5 y 44 años de cárcel y multas de hasta 44 millones de euros. Los ochos millones defraudados corresponden a la devolución indebida del IVA de coches de alta gama importados de segunda mano desde Alemania.
