La Audiencia de Alicante saldó ayer con una conformidad de penas de entre cuatro y seis meses de prisión un juicio a los 27 miembros de una banda que estafaba a través de falsas revisiones de gas. Seis meses para cada uno de los cuatro cabecillas y cuatro para el resto de los integrantes de la organización. Una rebaja sustancial de las condenas que se les reclamaban que inicialmente ascendían a catorce años de prisión para cada uno de los cuatro cerebros de la red y hasta once años para el resto de los integrantes.

Se les atribuyen hasta 58 estafas diferentes entre 2011 y los primeros meses del 2012 cometidas en toda la provincia, aunque su principal área de actuación fue la comarca de la Marina Alta. El montante de lo defraudado asciende a más de 65.000 euros.

Restricciones por la pandemia

La Sección Segunda de la Audiencia había repartido el juicio en trece sesiones desde ayer hasta el próximo 8 de marzo. Un proceso largo dada la cantidad de acusados y de testigos a los que había que tomar declaración en un panorama de total incertidumbre a causa de la pandemia sanitaria. El acuerdo cerrado ayer entre los acusados y la Fiscalía evitó un largo proceso a cambio de sustanciosas rebajas en las penas de todos a cambio de que admitieran los hechos y se comprometieran a la devolución del dinero. Para sentar a todos los acusados y sus defensas y respetar los límites de aforo que impone la pandemia, se utilizaron dos salas de vistas de la Audiencia conectadas por videoconferencia.

Uno de los aspectos que se ha valorado por el tribunal a la hora de aceptar este acuerdo han sido las dilaciones indebidas, al haber tardado en celebrarse el juicio cerca de diez años. Algunas defensas apuntaron que algunos de los acusados habían rehecho su vida y ya no se dedicaban a estas actividades. Hay perjudicados fallecidos y otros lograron recuperar parte del dinero. Fuentes cercanas al caso señalaron que faltaban cerca de 30.000 euros por pagar y que había un compromiso de abonarlos. Algunos llegaron a destinar el dinero de las fianzas que tuvieron que abonar en su día para satisfacer estos pagos. Desde el tribunal, se llegó a plantear el condicionar que se les suspenda la pena y no tengan que ingresar en prisión al hecho de que se pague el dinero de las indemnizaciones, pero finalmente no se concretó ese extremo.

En general, sus víctimas eran personas de avanzada edad y de nacionalidad extranjera. Los acusados se identificaban como operarios de empresas de gas de reconocido prestigio con el pretexto de que venían a hacer inspecciones rutinarias. Durante esos trabajos les aseguraban que la instalación no reunía los requisitos obligatorios de la legislación española y les hacían unos trabajos innecesarios y erróneos, por cantidades por encima de los precios del mercado y sin presupuesto alguno. Tampoco proporcionaban ticket alguno y las cantidades cobradas no coincidían con lo realizado.

Tres empresas distintas

Los acusados tenían hasta tres mercantiles diferentes de servicios y mantenimiento de gas para dar cobertura a sus actividades a través de las cuales tenían terminales para hacer cobros con tarjetas de crédito en los domicilios donde se presentaban para hacer las revisiones del gas. Algunos de los perjudicados se encontraron con cargos sorpresa con posterioridad a la revisión, incluso con copas consumidas en una discoteca. Las cantidades cobradas oscilaban entre los 400 y hasta los 3.000 euros.

Según relata el escrito de acusación de la Fiscalía, en algún caso los perjudicados tuvieron que hacer obras adicionales en la casa para subsanar la deficiente instalación de estos falsos revisores, con fugas de gas en la instalación. Hubo hasta quien se enfrentó a ellos y acabó llamando a las autoridades cuando vieron el desorbitado precio que pretendían cobrarles.

Entre los abogados que han negociado el acuerdo en este proceso están Joaquín de Lacy, Mari Paz Alarcón, Ignacio Gally, Mónica Guirao y Gabriel Moratalla.