El exalcalde de La Vall de Laguar, Francisco Luis Gilabert, y los otros dos acusados del primer juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante por la conocida como trama de las asesorías, que dio lugar a 15 investigaciones judiciales por una presunta red corrupta que operó en la provincia de Valencia, negaron este martes en la primera sesión del juicio haber cometido delito alguno. La trama consistía en la adjudicación de contratos a dedo a una asesoría vinculada a un alto funcionario de la Generalitat Valenciana, exinterventor del Consorcio de Museos, sin tramitar expediente de contratación alguno y por trabajos cuya realidad incluso se cuestionó.

El exprimer edil popular de La Vall de Laguar negó haber amañado contratos y defendió la necesidad de los acuerdos laborales con la empresa Asesores Económicos Públicos, que según la Fiscalía estaba controlada por Rafael Parra, otro de los acusados enjuiciados. Gilabert indicó que la contratación se llevó a cabo con el visto bueno de la corporación.

Rafael Parra, un exfuncionario ya jubilado, insistió en su declaración en que no conocía a fondo los sistemas de contratación de la Administración y precisó que él era «asesor económico, no jurídico». Admitió que no tenía pedida la compatibilidad para realizar dichos trabajos mientras estaba como interventor en el Consorcio de Museos y aseguró que no ocultó su condición de funcionario.

Este acusado explicó que suscribió un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para realizar labores de asesoramiento, especialmente a poblaciones pequeñas, y le llamaron desde el Ayuntamiento de La Vall de Laguar en 2009 porque estaban sin contabilidad desde 2006 y necesitaban ajustar las cuentas para el plan de pago a proveedores, cuyo importe rondaba los 300.000 euros. Reconoció que conocía a un hermano del exalcalde, pero no a Francisco Gilabert.

Tras realizar este servicio, el acusado indicó que continuó trabajando con el Ayuntamiento hasta finales de 2011 porque no había secretario y le pedían que continuara prestando servicios de asesoramiento contable. En este punto no entró a valorar, a preguntas del fiscal anticorrupción Pablo Romero, si era necesario haber optado mediante un concurso. «Eso le correspondía al Ayuntamiento», indicó el acusado.

A preguntas de la defensa, destacó que se trataba de «trabajos autónomos», no de fraccionamiento de contratos, y señaló que nunca facturó por encima del importe previsto para los contratos menores.

Las facturas bajo sospecha abonadas a la empresa controlada por Parra son 29 por un importe que superan los 50.000 euros en el periodo 2009-2011. La Fiscalía solicita inicialmente seis años de prisión para Francisco Gilabert y Rafael Parra por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, mientras que reclama una pena de tres años de cárcel para el exinterventor municipal, Antonio Esturillo, a quien se considera cómplice de los delitos imputados a los otros dos acusados. El juicio continúa hoy en la Audiencia.

«La Diputación no presta el servicio de contabilidad»

El exinterventor del Consorcio de Museos juzgado ayer junto al exalcalde de La Vall de Laguar y al exinterventor municipal defendió el trabajo de asesoramiento de su empresa y aseguró que la Diputación de Alicante «nunca ha prestado el servicio de contabilidad que yo ofrecía, sólo ayudaba un poco», como sostiene la Fiscalía. «Nadie querría malgastar el dinero sabiendo que lo hacía gratis la Diputación», añadió.