La investigación policial sobre la trama empresarial desmantelada en la Costa Blanca que presuntamente blanqueaba dinero de mafias rusas ha puesto bajo sospecha un proyecto para realizar un camping de lujo para autocaravanas en Altea y para el que habrían usado sus influencias en la Administración local.

Uno de los implicados en este proyecto es un abogado ruso y dueño de una inmobiliaria en Altea Hills. Encarcelado desde el miércoles por orden del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, este abogado de 38 años, que llegó a la Costa Blanca cuando aún era menor de edad, estudió en los Jesuitas y se licenció en Derecho en la Universidad de Alicante, ha sido catalogado por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción como «el conseguidor» de la organización a través de sus amplios contactos.

Según se recoge en la investigación dirigida por el juzgado benidormí, el abogado, que también posee una asesoría jurídica que presta servicios a clientes rusos, creó una red clientelar de personas a las que ofrecía regalos constantes para conseguir favores en su beneficio, «tanto para su despacho de abogados como para sus negocios inmobiliarios». Estos contactos incluían a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Administración española y de la política, «al ser militante y pretendido lobbysta del Partido Popular de Altea». De hecho, en la operación han sido detenidos dos guardias civiles, un policía nacional, un edil de Benidorm, un exconcejal y un funcionario de Altea.

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El camping que aparece en las intervenciones telefónicas a los implicados es un proyecto que se tramita en el ayuntamiento alteano y cuya construcción está prevista en el entorno de Villa Gadea y está contemplado para autocaravanas de lujo, informa Diego Coello.

La investigación señala que el abogado ruso es apoderado de la empresa del camping y la mujer de un empresario ruso también encarcelado tras esta operación es la administradora. La juez del caso recoge en el auto de prisión del abogado que hay una llamada de un arquitecto vinculado al PP, encargado del proyecto de obra del camping, donde le explica al letrado su conversación con el actual edil de Urbanismo sobre un sendero que quiere hacer el letrado ruso.

En otras llamadas, el abogado habla con el exedil popular Jaime Sellés sobre la aprobación en el Pleno municipal de la modificación referida a las licencias del camping. Al respecto, los investigadores señalan que dada la relación del abogado ruso con «algunas personas del Partido Popular de Altea, estas llamadas podrían ser indicio de un posible delito de tráfico de influencias», en el que «el conseguidor» podría estar usando «sus influjos políticos para conseguir que se aprueben regulaciones municipales que redunden en su beneficio comercial».

1,4 millones en una nave

Además del camping, otra de las operaciones sospechosas de blanqueo atribuidas a la trama rusa es la venta de una nave industrial en Ibiza por 1,4 millones de euros a uno de los empresarios rusos ahora encarcelados. En ella también aparece el abogado en las negociaciones como persona de confianza del comprador y otros dos ciudadanos rusos, uno de los cuales aparece en la trama como encargado del blanqueo del dinero de sus clientes y el otro como captador de negocios entre «empresarios, políticos y el crimen organizado ruso».

También figura en las actuaciones una conversación del abogado con el administrador de una empresa de Alicante sobre la inminente compra de 52 viviendas y, tras preguntarle por las opciones de ocultar la procedencia del dinero, le contestan que «para ello han utilizado bitcoins».

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La Policía incluye asimismo la compra de una vivienda en Altea por 660.000 euros en 2016 a nombre de un empresario vinculado a los sindicatos del crimen ruso, el cual viajaba a España con el hermano de uno de los máximos dirigentes del clan Kutaisi.

El auto también hace referencia a una conversación del abogado con el edil de Seguridad Ciudadana de Benidorm, quien le reconoce haber «intervenido a su favor con sus contactos» y dice que «ahora van a tener ‘que hacer una trampita’».

Respaldo al edil detenido

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, mostró ayer su apoyo al edil y afirmó que «la intervención del concejal en estos hechos carece de relevancia de ningún tipo. Tanto es así que más allá de una detención inicial, se produjo una inmediata puesta en libertad sin necesitar instrucción y que el juez de guardia tomara decisión al respecto», informa Andrea Vicente. Pérez explicó que el concejal «sigue en sus tareas de forma ordinaria» y apeló a la presunción de inocencia.

El concejal de Seguridad Ciudadana mantendrá sus delegaciones, pese a que la oposición pidió precisamente ayer que se le retiren mientras se resuelve su situación.

Jamones, vino y joyas a todos los contactos del «conseguidor» de la red

La Policía y la Fiscalía sostienen en sus informes que el abogado ruso encarcelado había logrado «desplegar una extensa y potente red clientelar cultivando la amistad y las relaciones personales y comerciales con personas de su entorno policial, administrativo y político, con los que lleva a cabo interacciones siempre en su beneficio». Las llamadas intervenidas a los implicados revelan gran cantidad de favores entre los conocidos del «conseguidor», el cual regalaba de forma constante «jamones, vino, incluso joyas, a todos sus contactos en todos los ámbitos», además de pagar también dinero en ocasiones. Este abogado, según los investigadores, «jugaría un papel clave para que los empresarios vinculados a la criminalidad organizada exsoviética» inviertan en España «sin ser molestados, llevando a cabo operaciones de blanqueo para estas organizaciones». El juzgado admite que el abogado no mantiene trato directo con los criminales a los que representan dos empresarios investigados, aunque señala que se supone que los conoce e incurre en muchas ocasiones en cohecho o tráfico de influencias. Las escuchas al abogado recogen peticiones de favores para sacar el DNI, compulsar documentos, obtener permisos de residencia de forma rápida tras presuntos pagos de dinero, compra de 20 cajas de vino para regalar, una conversación con un policía para contratar a personas para cobrar deudas o identificar coches sospechosos junto a casas de sus clientes a través de bases de datos policiales.