El 7 de septiembre de 2014, el cadáver de un octogenario fue hallado por sus familiares en su vivienda en el barrio alicantino de San Blas con cincuenta golpes en la cabeza. Más de seis años después, el juicio por este crimen todavía no ha podido celebrarse. Este lunes se ha tenido que aplazar por segunda vez a causa de la pandemia del covid. En el banquillo, se sienta un único sospechoso, que nunca llegó a ingresar en prisión por estos hechos, ante la ausencia de pruebas directas y que siempre ha sostenido que es inocente. La causa con jurado popular tenía que haberse celebrado en la Audiencia de Alicante durante la pasada primavera, pero se suspendió a causa del confinamiento decretado durante el primer estado de alarma por la alerta sanitara. En el segundo intento, tenía que haber empezado este lunes, pero nuevamente la pandemia ha obligado a otro aplazamiento. En este caso, es uno de los peritos que ha dado positivo en coronavirus. La sala ha acordado por suspender hasta el próximo 8 de febrero, pero esta mañana ha quedado elegido ya todo el jurado para que, llegada esa fecha, el juicio arranque directamente con la declaración del acusado.

Los hechos ocurrieron entre las 14.00 y las 16.00 horas del 6 de septiembre de 2014 cuando la víctima fue asesinada en la calle Enriqueta Ortega de Alicante. El hombre, de 80 años de edad, vivía solo y adoptaba muchas medidas de seguridad por el temor de que pudieran asaltarle en su casa. Fueron los sobrinos del fallecido quienes encontraron su cadáver al día siguiente cuando iban a visitarle. La Policía sospechaba que el hombre pudo ser asesinado por una persona de su confianza, ya que éste raramente dejaba entrar a cualquiera en su casa. El acusado y el fallecido se conocían desde hace más de cuarenta años. La investigación apuntaba a que el procesado fue la última persona que le vio con vida. El acusado atravesaba dificultades económicas por aquellos días y la Policía sitúa una deuda de 4.000 euros que el sospechoso tenía con la víctima como posible móvil del crimen. Una deuda que tampoco está clara, porque el acusado sostiene que devolvió el dinero porque no llegó a necesitarlo. Además el hallazgo de ADN del fallecido en una pulsera del acusado, determinaron que se convirtiera en el principal sospechoso y que fuera detenido por el homicidio. El acusado explicó en su día esa transferencia de ADN en el hecho de que recientemente le había afeitado en su barbería. El sospechoso fue detenido en marzo de 2015, seis meses después del homicidio.

La Fiscalía sostiene que fue el acusado quien atacó a la víctima golpeándole en la cabeza con un objeto contundente, que le causó un traumatismo craneoencefálico con destrucción de centros encefálicos. El hombre presentaba al menos cincuenta golpes en la cabeza con lesiones incompatibles con la vida. Por estos hechos, el Ministerio Público reclama la pena de trece años de cárcel. Desde su detención, el procesado ha negado cualquier implicación en el homicidio y sostiene que tenía una profunda amistad con el fallecido. Desde su puesta a disposición judicial ha estado en libertad, obligado a comparecer periódicamente ante el juzgado. Ahora será un jurado popular el que tenga que decidir sobre su culpabilidad.