La Fiscalía de Alicante va a investigar los casos de políticos que se han saltado el turno de vacunación por el covid tras la denuncia presentada por dos ciudadanos el jueves pasado. El fiscal jefe Jorge Rabasa ha acordado poner la investigación de esos hechos en manos de Pablo Romero, uno de los dos fiscales anticorrupción de Alicante, aunque en el ámbito de la Fiscalía provincial.

La idea es investigar cada caso de forma individualizada y determinar el grado de responsabilidad en el que hayan incurrido aquellos políticos (la denuncia únicamente hace mención a representantes públicos) que se saltaron el protocolo y han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En la denuncia que ha dado pie a la apertura de las diligencias se cita al alcalde de La Nucia y diputado provincial Bernabé Cano, a los también regidores El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, al concejal de Sanidad de Orihuela José Galiano (PP),y a la teniente de alcalde de Dénia Cristina Morera (PSOE), entre otros.

La alcaldesa de El Poblets, Carolina Vives, y el alcalde de El Verger, Ximo Coll. | INFORMACIÖN

Es la segunda fiscalía, después de Murcia, que abre una investigación por estos hechos.

A la derecha, el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano. | INFORMACIÓN

En el escrito, que se dirige a Rabasa y a la Fiscalía Anticorrupción, los denunciantes explican que han tenido conocimiento de estas vacunas Vip por los medios de comunicación, lo que les ha «alarmado» por el «vacío legal que según nuestro criterio se está produciendo en la organización y gestión de sistema de vacunación en esta pandemia».

A la izquierda del alcalde de Dénia, la primera teniente de alcalde, Cristina Morera. | INFORMACIÖN

Los dos ciudadanos que presentaron la denuncia planteaban que, con independencia de que estas conductas pudieran tener una sanción penal, «se inhabilite para ocupar cualquier cargo político que ostenten ahora y en el futuro a todas las personas que se han saltado la normativa establecida» para la administración de la vacuna, que en ningún momento daba prioridad a los cargos públicos. Y piden que «se encuentre la fórmula legal para que estos sucesos vergonzantes no se puedan dar más en un sistema democrático como es el nuestro».