Crímenes sin asesino y misteriosas desapariciones. Santiago Madrona, muerto de un tiro en 1977, y Gloria Martínez, en paradero desconocido desde 1992, fueron víctimas de algunos de los sucesos más impactantes del siglo pasado en la provincia. Todos persisten en la memoria pese a que algunos ya han prescrito para la Justicia. Mientras unos casos se han archivado otros siguen bajo investigación en busca de respuestas. ¿Puede una persona evaporarse sin dejar rastro?
La asociación SOS Desaparecidos mantiene en su página web las fichas de 16 personas residentes en la Comunidad Valenciana que están siendo buscadas por sus familias, siete de las cuales residían en la provincia de Alicante. El último en sumarse a esa lista fue Henry Alejandro Jiménez, de 20 años y vecino de Orihuela Costa. Nadie sabe dónde está desde la Nochevieja de 2018. El joven celebraba la noche de fin de año en su casa, con su compañero de piso y otros amigos, cuando se le perdió la pista. Se esfumó sin llevar consigo ni el teléfono móvil ni dinero ni documentación. Su foto fue difundida por todo el país, pero hasta ahora no ha trascendido ningún dato que ayude a localizarlo.
La búsqueda movilizó a la familia y docenas de vecinos de Orihuela Costa y Torrevieja. También a la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Nadie se explica su misteriosa desaparición. Se han rastreado barrancos, descampados, calas y cualquier otro rincón del litoral oriolano para encontrar alguna pista sin conseguirlo.
Henry Alejandro, de origen colombiano y con casi 13 años de residencia en España, pasó el fin de año en su vivienda, donde habían invitado a otros amigos. Según fuentes policiales, el joven fue agredido por el compañero con el que comparte piso en la urbanización oriolana de La Florida, tras pelearse con él por circunstancias que no han sido aclaradas. Tras la discusión, Henry decidió marcharse sobre las 9 de la mañana del domicilio, siempre según la versión de los testigos. Desde el día 2 de enero, su familia ha empapelado numerosos municipios con carteles que muestran su foto y sus datos, ha organizado batidas vecinales y ha contactado con medios de comunicación de todo el país para implorar ayuda. Sin novedades hasta el momento,.
Sólo hubo una pista que, en principio, pareció fiable. Un testigo dijo haberlo visto en la zona de pubs de Aguamarina. Según la familia, las fuerzas de seguridad le han mostrado las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de uno de los locales a las 23.42 horas del día 1 de enero. Aunque a priori parecía Henry, finalmente se ha descartado esa posibilidad. “No era él”, asegura su hermano.
“Sin dinero ni teléfono ni documentos, la opción de la desaparición voluntaria es cero. Una persona no puede estar sin nada 15 días“, sostiene su hermano, Andrés Jiménez. La incertidumbre mantiene en vilo a la familia, que ha recibido decenas de llamadas de diferentes puntos de la geografía nacional para asegurar que lo han visto. Sobrepasados por todo lo que está ocurriendo han pedido que las informaciones se trasladen a la Guardia Civil, que es quien dirige la investigación. Más crueles han sido las bromas y hasta el intento de sacar dinero a su madre a raíz de la desaparición.
“Al hacer públicos nuestros teléfonos recibimos muchas bromas telefónicas. A mi madre le han intentado estafar pidiéndole 2.000 euros por mi hermano. Le dijeron: 2.000 euros y tienes esta tarde a tu hijo contigo. Ella fue al sitio y no apareció nadie”, prosigue el hermano del desaparecido.
Gloria Martínez, siempre en el recuerdo
«Se especuló con que nunca salió de esa clínica». Mariano Sánchez Soler, especialista alicantino en crónica negra, encuentra muchos detalles sin esfuerzo cuando se le menciona el nombre de Gloria Martínez. La desaparición de la joven alicantina conmocionó de tal manera a la provincia que todavía hay quien busca atención mediática asegurando que vive y que sabe su paradero. Ahora, se rumorea que una productora prepara un documental sobre el suceso, como ya hizo Netflix con el caso Alcasser.
Los padres de Gloria, Álvaro Martínez e Isabel Ruiz, aceptaron la propuesta de María Victoria S. L., la psiquiatra que trataba a su hija de 17 años, quien padecía un trastorno de anorexia y problemas de insomnio desde hacía tres años, de ingresarla en una clínica diseñada para el reposo de celebridades y pacientes desahogados. Él, maestro y ella, ama de casa, despidieron a su hija en una suite de Las Torres de San Luis, un complejo apartado en l’Alfàs del Pi, la tarde del 29 de octubre de 1992. Nunca más la volvieron a ver.
Ante el juez, el personal de la clínica fue claro: Gloria se fugó. Pero no se pudo explicar cómo aquella chica enferma, cargada de tranquilizantes y sin gafas pudiera saltar sin dejar rastro el muro de dos metros que cerca el complejo y desaparecer para siempre bajo la noche cerrada.
Esa tarde habría sufrido un brote psicótico que obligó al personal a administrarle lo que se conoce como un «cóctel lítico», un potente sedante a base de Largactil, Sinogán y Haloperidol, y a atarla a la cama para que no se autolesionara. Horas más tarde, «más calmada», pidió ser liberada para ir al aseo. Ante el juez se declaró que habría aprovechado una ventana abierta en su habitación para saltar al jardín.
La administración de estos medicamentos y el hecho de que el personal de la clínica tardara varias horas en alertar a los padres y a la policía de su desaparición concentraron las sospechas en ellos. Además, en una segunda reconstrucción solicitada por la defensa, se encontró una bolsa con ropa de Gloria en una fosa del edificio que habían ocultado a los investigadores. Sin embargo, ninguno de estos indicios pudo desmontar su relato. Los propietarios de las Torres de San Luis, la psiquiatra y la mercantil Zopito SL, fueron condenados en 2008 a pagar 104.000 euros en concepto de daños morales.
En 2018, el Boletín Oficial del Estado certificó que la familia había decidido, 24 años después de haber ingresado a su hija en aquel centro, poner fin a la insoportable incertidumbre. Su padre, Álvaro Martínez, solicitaba al juzgado de primera instancia de Alicante que Gloria Martínez fuese declarada oficialmente muerta.
Siete años sin Khrystyna en Xàbia
Salió una mañana de su casa para ir al instituto y ya no se supo más de ella. Ocurrió el 20 de mayo de 2014. Khrystyna Savenchuk tenía entonces 15 años y cursaba primero de ESO. La tierra se la tragó y ninguna de las pistas aclaró nada de su paradero. Sus padres, Natalya y Bohan, colgaron carteles en numerosísimos pueblos. Su desaparición, de la que han pasado ya más de cuatro años, es una herida abierta en Xàbia, informa Alfons Padilla.
La búsqueda sigue activa, pero hasta ahora ninguna de las pistas ha dado resultado. Primero trascendió que mantenía a través de las redes sociales una relación con un chico mayor de edad de Koblenz (Alemania). Por los mensajes, se intuía que el joven la anulaba psicológicamente. Pero, al final, se descartó esa vía de investigación. La Guardia Civil también rastreó sin éxito la Marjal dels Moros, en Sagunt, ya que los repetidores de telefonía situaban allí las últimas señales del móvil de la chica.
Sin Antonella desde 1994
La familia de Antonella Zucca lleva desde 1994 esperando a poder despedirse de ella para siempre. Su entonces novio, Luis M. R., un empleado de banca divorciado veinte años mayor que ella, ha dado durante las numerosas reaperturas del juicio contra él dos versiones diferentes de lo que ocurrió aquel domingo de mayo en el piso que ambos estaban comprando en la avenida de la Libertad de Elche. Primero denunció su desaparición -24 horas después del momento en que alegó haber perdido contacto con ella-, porque cuando volvió a casa tras pasar el día con sus hijos ella no estaba pero sí su cartera y sus llaves. Pero dos años después declaró que en realidad la encontró muerta en el cuarto de baño y que se deshizo de su cuerpo por miedo a ser acusado por ello.
Se removieron miles de toneladas de tierra en el paraje del Derramador de San Fulgencio, próximo a un vertedero, donde aseguró haber quemado y enterrado sus restos. Sin embargo, sólo se hallaron huesos de animales.
Cuatro años más tarde, Luis M. R. volvió a prestar declaración. Una exnovia que convivió con él tras la desaparición de la joven italiana aseguró que su expareja había participado en su asesinato.
Al igual que en la desaparición de Gloria Martínez, las pruebas sobre la implicación del sospechoso eran tan numerosas como no determinantes. Dos amigas de la joven dieron fe de la mala relación existente entre ambos, al mismo tiempo que otro juzgado ilicitano le denunciaba por falsificar la firma de la joven en un seguro de vida del que él era el único beneficiario. Durante una década, fue despedido del trabajo, encarcelado, puesto en libertad y llamado a declarar por hasta cinco jueces. No se encontró ninguna prueba que permitiera condenarlo por la muerte de Antonella.
En 2005, la familia de la joven ofreció un pacto: abandonar la persecución judicial a cambio del el paradero de sus restos. No lograron nada; el único sospechoso de la desaparición presentó un informe médico que certificaba una encefalopatía por la que se explicarían los cambios de declaración y las lagunas mentales que convirtieron un caso «fácil», según el inspector que tomó la primera denuncia, en una pesadilla para familiares, jueces y policías.
Como Gloria y Khrystyna, David Sánchez, Gudrun Hildegard, María Virtudes Ballester, Juan González y Omar Rivera siguen en paradero desconocido según SOS Desaparecidos. ¿Están vivos? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está su cuerpo? Preguntas sencillas que se incrustan para siempre entre quienes más cerca estaban de la víctima y la vida. Sus días son un fondo de pantalla bajo una mancha negra. Los años que restan, una existencia disfuncional, irreparable por el golpe. Los investigadores repasarán el caso hasta mucho después de haber entregado la placa. Los rostros de los familiares de la víctima interrumpirán la contemplación de sus días más jóvenes. Y en las amígdalas de los vecinos, los ciudadanos y los telespectadores, se clavará esa foto que un día abandonó su marco en el salón a toda prisa para reproducirse como un grito en muros y pancartas. Un recuerdo feliz que muta en recordatorio funesto. Los casos sin resolver son poco frecuentes, pero persisten en la memoria durante décadas.
La justicia buscará a los asesinos durante los veinte años que se da a sí misma para perseguir al autor de un crimen a través del Código Penal español. Pero, como saben bien los inspectores de homicidios, el tiempo siempre corre a favor del asesino.
Sólo una epifanía de redención puede hacer que hablen, ya sin miedo a la acción de la justicia, quienes mataron a Santiago Madrona, en Alicante, a Enrique Davia, en Alcoy, o a los dos primos Amador de Elda en 1977 y en 1986. De la misma manera, sólo su propia voluntad puede obligar a contarlo a quienes sepan qué les ocurrió realmente a Gloria Martínez y a Antonella Zucca. Ambas familias ya las dan por muertas y sólo han podido enterrar sus esperanzas de encontrar sus restos.
Un Renault 6 y una escopeta
Alcoy, enero de 1977. Una pareja escucha música en un Renault 8 en el pequeño mirador que hay en la carretera CV-796, entre el Preventorio y el túnel. Eran Enrique Davia, peluquero y casado, y una amiga, hija de un capitán del Regimiento de Infantería. Estaban «escuchando música», según contó la joven en la declaración que articuló la investigación posterior, cuando un encapuchado asaltó el vehículo por la ventana del conductor con la intención aparente de robarles. Enrique no se amilanó, salió del vehículo y forcejeó con el atracador. Lo que pasó a continuación, aunque no se sabe con certeza si fue exactamente así, elevaría el suceso al grado de mayor misterio criminal de la historia reciente de la ciudad de la montaña. «¿Por dinero haces esto, Manolo?», aseguró la joven que escuchó de la boca de Enrique. El peluquero pudo subir la capucha de su agresor pero no evitar un disparo letal en el pecho.
El asesino huyó hacia el túnel y Enrique se arrastró casi veinte metros en esa dirección antes de exhalar por última vez. Aterrorizada, la joven salió corriendo en busca de auxilio y trató de parar a un coche que venía a toda velocidad desde la curva que precede a la galería. No sólo no se detuvo; fue a por ella. Era él.
Afortunadamente esta vez erró y pasó de largo, sin poder evitar que ella se quedara con la «A» de la matrícula de Alicante bajo el maletero del Renault 6 blanco en el que se lo tragó la tiniebla para siempre. Con el testimonio de la joven como única pista, la policía construyó una búsqueda con tres tamices: nombre, tipo de arma y tipo de coche. Los miles de vecinos que pudiesen encajar en las categorías «Manolo», «escopeta» y «Renault 6» fueron interrogados meticulosamente por los agentes durante las semanas posteriores. Para nada. «Es una espina que nos va a quedar clavada a nuestra generación», recogería de un inspector ya retirado el periodista alcoyano Mario Candela en un programa de radio.
«Manolo» dejó un cadáver en la carretera y un poso de amargura en toda una generación de policías de homicidios. Hace más de 20 años que prescribió su crimen, pero sigue siendo el asesino más buscado del último medio siglo en Alcoy.
Los «gitanicos»
Poco después de las 20.30 horas del viernes 19 de septiembre de 1986, varios coches de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Elda llegaban a la cueva del monte Bateig. La llamada anónima que habían recibido no mentía: los cuerpos de Andrés Amador y José Amador, dos primos de 14 y 16 años, estaban allí. Ambos en avanzado estado de descomposición y con heridas de bala.
Los muchachos no tenían enemigos conocidos. Al contrario, la prensa de la época hizo mucho hincapié en resaltar su excelente carácter y su buena relación con sus vecinos y familiares, a quienes ayudaban con un negocio de venta ambulante. Lo brutal e injustificado de su muerte movilizó para su entierro a toda la comunidad gitana de la comarca y de varios municipios de la provincia. «La venganza por estas muertes no corresponde al hombre, sino a Dios», recordaron los pastores evangélicos que guiaron el duelo.
Le pertenece la venganza y también la administración de justicia, porque la investigación no logró reunir ninguna información lo bastante robusta como para detener e interrogar a ningún sospechoso. Varias familias optaron por buscar el rastro por su cuenta porque había un punto donde se interrumpía su trayectoria conocida: la motocicleta en la que fueron vistos por última vez fue encontrada con el depósito lleno y sin candado en una gasolinera de la ciudad. Hubieron de desistir.
Han pasado 31 años y el crimen se ha adornado de leyenda urbana. A falta de un relato policial satisfactorio, la teoría popular se ha encargado de explicar la atroz muerte de los Amador. La hipótesis que manejaron los agentes, que Andrés y José vieron algo que no quería testigos aquella tarde de agosto, se adornó con la habladuría de que un empresario de calzado implicado en negocios turbios fue quien decidió que pagaran con su vida por ello.
Un coche en el aeropuerto
Los rumores son también lo único que, cuatro décadas después, sujeta el móvil de uno de los grandes crímenes del siglo pasado en la ciudad de Alicante. La participación en actividades ilegales es la teoría popular que, a falta de luz policial, ha sobrevivido al archivo por falta de pruebas del asesinato de Santiago Madrona Gusi. El 28 de abril de 1977, su cuerpo fue hallado atado con esparadrapo, desnudo y con una herida de bala en el tórax dentro del maletero de su Seat 127 en el aeropuerto de El Altet.
La discreción de esta conocida familia de la capital, de la unidad de homicidios de la Policía Nacional y el paso del tiempo han ido sepultando la conmoción popular que provocó la desaparición y muerte del sobrino del empresario que construyó y dio nombre al barrio de estibadores del puerto alicantino, Heliodoro Madrona. Sólo los septuagenarios, en especial los policías retirados que vivieron la investigación, son capaces de recordar este «precedente» del caso de la viuda de Sala: Una persona de clase alta aparece muerta en un coche sin que la hipótesis del robo explique el por qué. La ausencia de restos y pruebas hacen que el asesinato haya guiado las dos investigaciones.
Perito industrial de 34 años y casado, viajaba frecuentemente por trabajo y, según la hemeroteca, era una persona alegre, deportista y fiestera que trabajaba en una empresa de reparación de vehículos de la capital. Tatín, como le llamaban sus amigos, estaba muy asentado en la ciudad e iba a ser nombrado directivo en «una entidad de crédito próxima a su domicilio de la calle doctor Gadea», según una crónica de este diario, por lo que las primeras horas de su desaparición fueron atribuidas a su ritmo de vida y no se consideró una ausencia alarmante. Pasaron ocho días hasta que la intranquilidad de la familia se convirtió en drama. Fueron ellos quienes descubrieron el cuerpo tras recibir un aviso del aeropuerto para que retiraran un vehículo, propiedad de su madre, Monserrat Gusi Costa-Lacoste, que llevaba varios días en el aparcamiento.
El fichero del caso cuenta con pocos documentos. En el que recoge la inspección ocular de tres oficiales, se explica cómo fueron la madre y la mujer de Madrona quienes descubrieron el cadáver, alertadas por el olor de la descomposición dentro de este vehículo que solían conducir la víctima y su padre. Pensaban que había un pequeño animal, como un gato o una rata, muerto en el maletero.
La autopsia fue esclarecedora. Madrona había fallecido entre ocho y diez atrás tras recibir un disparo a medio metro de distancia que habría causado perforación pulmonar.
Durante días la ciudad alimentó todo tipo de noticias falsas y testimonios sin base que terminaron por ayudar al autor o autores del crimen a desvanecerse. El seguimiento en prensa fue decayendo. Las pistas que la policía y la familia tomaban en serio se fueron reduciendo y el crimen terminó cayendo en el olvido salvo para quienes todavía se preguntan por qué fue asesinado Santiago y quién o quiénes fueron sus verdugos.
Maletas y cuerpos descuartizados
Tres cuerpos anónimos, cuatro muertes, ninguna pista y un sospechoso: la mafia rusa. Una de las primeras evidencias de que las organizaciones criminales europeas tienen franquicias en Alicante y en varios puntos del Mediterráneo español fue el hallazgo en 1999 de varias maletas y bolsas en un arcén de la N-332 a la altura de La Vila Joiosa. Contenían los cuerpos descuartizados y semicongelados de dos mujeres a las que también habían seccionado las manos y la cabeza.
El mal tiene patrón. Secuencias que se repiten y encajan. A pesar del esfuerzo de los autores por ocultar las partes del cuerpo que aportan más información sobre su identidad, un año más tarde se pudo relacionar a las víctimas de la atrocidad con otro asesinato brutal en Almería. El hombre decapitado y descuartizado en la provincia andaluza era el padre del bebé que esperaba una de las mujeres, según se pudo averiguar a través de pruebas de ADN. Estaba embarazada de seis meses.
Las mujeres eran jóvenes, de entre 17 y 30 años, y tenían «la piel muy blanca», según declararon desde la investigación. La policía sólo pudo relacionar teóricamente los hallazgos con las redes de trata que introducen a chicas de Europa del Este en los numerosos clubes de alterne del arco mediterráneo.
Un crimen especialmente duro. Nadie, ni víctimas ni ejecutores, tiene rostro. Además, dentro de un año, prescribirá. Sólo le importará a quienes sepan quiénes eran estas personas.
