La Policía Nacional ha desarticulado una red que cobraba 500 euros por facilitar permisos de residencia en España falsos, en una operación en la que han sido detenidos tres supuestos miembros de la organización y 21 inmigrantes que las compraron al parecer creyendo que los documentos se tramitarían de manera legal.
En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que estas 24 detenciones son fruto de una investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) que se inició en noviembre de 2019.
Además, hay una orden de búsqueda y detención de otros dos miembros de la red.
La investigación tuvo su inicio tras detectar la Policía que ciudadanos marroquíes en situación irregular estaban usando permisos falsos de residencia como familiares de ciudadanos comunitarios, que utilizaban para pasar el control fronterizo en el puerto y el aeropuerto de Melilla a fin de acceder a territorio peninsular.
La organización desarticulada captaba a los inmigrantes en cafés y establecimientos de determinados barrios de Melilla y les pedía, además de 500 euros, una copia de la página biográfica de su pasaporte y dos fotografías, haciéndoles creer que los documentos se tramitarían de manera legal.
Una vez confeccionaban el documento falso con la imagen y datos de filiación de la víctima, se lo mostraban y le indicaban que se lo entregarían cuando fuera a embarcar rumbo a la península, para lo que incluso llegaban a acompañarlos cuando iban a comprar los pasajes.
La investigación permitió determinar que una veintena de documentos intervenidos en otras tantas detenciones durante los embarques a la península presentaban elementos de falsedad y morfología totalmente idénticos, lo que hace sospechar a la Policía que todos los documentos han sido realizados por el mismo falsificador o, al menos, usando el mismo artilugio mecánico o digital.
La Policía ha podido identificar al supuesto responsable de la fabricación y distribución de los documentos falsos, así como a su principal intermediario, única persona que tenía contacto directo con el falsificador.
Los tres miembros de la red que han sido detenidos son considerados presuntos autores de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y estafa, cometidos en el seno de una organización criminal.
Por su parte, los 21 usuarios de los documentos falsos han sido detenidos por falsedad documental.
