Tras dos días de declaraciones en los que cinco de los siete acusados de integrar una red que enviaba armas y material militar al Daesh en Siria e Irak defendieron su inocencia en la Audiencia Nacional, la comparecencia de varios policías que participaron en la investigación reflejó ayer en el juicio una imagen totalmente contraria a la mostrada por los acusados, especialmente sobre el empresario sirio Ammar T., considerado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización. Los investigadores sostuvieron que existía una trama de envíos de material militar camuflado en contenedores de ropa usada a grupos yihadistas en Siria e Irak y concretaron que en una de las intervenciones telefónicas a Ammar T., detenido en febrero de 2016 en Crevillent, esta persona recibió un encargo para enviar al Daesh 20.000 uniformes.
Según el instructor de las diligencias policiales, en una de las conversaciones intervenidas en 2015 se pudo escuchar literalmente que el empresario apresado en Crevillent «encargaba ropa militar para el Daesh».
El mando policial relató que Ammar T. explicaba la operativa para introducir el material destinada al Estado Islámico y que su interlocutor le dijo que el Daesh quería 20.000 uniformes y que tenía dinero obtenido de la venta de petróleo. Tras recibir el encargo, Ammar T. contactó con otros dos acusados para ver cómo podían conseguir los uniformes.
Para la Policía, el envío de contenedores con ropa usada era la tapadera para remitir otra mercancía a los grupos yihadistas Daesh y Jabhat al Nusra en Siria e Irak.
Uno de los investigadores de la Policía Nacional aseguró que los destinatarios de los contenedores enviados desde la provincia de Alicante eran personas vinculadas al Daesh.
La investigación policial también incluyó el contenido de un chat en Skype entre Ammar T. y el empresario español Simón R., donde el primero le comenta al otro acusado que «nuestro cliente en Irak está muy contento con la mercancía», según el instructor de las diligencias.
También aparece otro de los acusados en relación con encargos desde Siria para enviar abono, fosfatos y otros componentes que se usan para la fabricación de explosivos.
OTAN
Sobre la intervención de ropa militar en una nave registrada en Crevillent y en un contenedor inspeccionado en el puerto de València que iba destinado a una empresa de Cocentaina, el testigo policial indicó que la mercancía iba prensada de forma diferente al resto de ropa usada y que los envoltorios también eran distintos, de tal forma que no se apreciaba el contenido a simple vista. Explicó que en la nave del presunto cabecilla detenido en Crevillent se intervinieron cerca de 1.200 uniformes y en el contenedor inspeccionado en València «cerca de 5.000 kilos de uniformes militares», unos diez mil.
Los peritos militares que revisaron estos uniformes aseguraron que eran de la OTAN, según el investigador policial, que aseguró desconocer, a preguntas de una defensa, si se trata de ropa de camuflaje. Afirmó que la mayoría de los uniformes eran nuevos y que entre el material intervenido también había 24 trajes NRBQ, de resistencia a guerras químicas o bacteriológicas. La comercialización de este tipo de trajes está prohibida, añadió el responsable policial.
De los dos acusados que aún no habían declarado en el juicio, un exempleado de Ammar T., el marroquí Ahmed A., manifestó que se dedicaba a «doblar ropa» en la nave de Crevillent y que nunca vio meter armas o material sensible en los envíos de la empresa. Aseguró que no ha tenido relaciones con organizaciones terroristas y, a preguntas de su defensa, señaló que no conocía al Daesh. «La primera vez que escuché este nombre fue cuando me detuvieron», indicó Ahmed, quien justificó la tenencia de 6.000 euros en su casa como «ahorros» para pagarle un dinero que le debía a su hermano en París.
Por contra, un policía testificó ayer que era la persona de confianza de Ammar T. y en una de las conversaciones telefónicas el empresario le dice a su empleado que «no diga nada de lo que ve ahí, que será compensado».
Dos pistolas
El último acusado en declarar fue Mohamed A., que regentaba un kebab en Alicante y afirmó sobre el presunto cabecilla de la red que le conocía de ir a su restaurante con otro de los acusados. Manifestó que no participó en los envíos de contenedores y explicó que encontró dos pistolas mientras limpiaba un local alquilado por Ammar T. en la calle Segura de Alicante, aunque indicó que las armas no tenían «calidad». Sin embargo, la Policía Científica certificó que eran aptas para disparar.
Aunque declaró que no conocía la nave de Ammar en Crevillent, el policía que instruyó las diligencias sostuvo que las escuchas desvelaron que fue al municipio crevillentino y que recogían dinero de empresarios.