Cuando todavía estaba pendiente por decidir la fecha del juicio en la Audiencia Provincial de Alicante, el principal acusado por el llamado caso Isjoma ha fallecido a causa del covid, según confirmó este martes este diario en fuentes cercanas al caso. El que fuera jefe del Servicio de Atención Urbana Víctor López murió a causa del virus hace dos semanas. En esta causa, hay otros cinco acusados que se deberán sentar en el banquillo, entre ellos el exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, y el exedil Juan Zaragoza, ambos del PP. Asimismo se acusaba al empresario de Isjoma, mercantil a la que contrataba el Ayuntamiento para eventos festeros, y otros dos técnicos municipales, además del propio López. La causa será para adelante para el resto de los acusados, a la espera de que la Audiencia dicte fecha.
Tras una investigación que ha durado cerca de once años, el juzgado de Instrucción número ocho de Alicante envió la causa a la Audiencia Provincial para que celebrara el juicio en junio del año pasado. Un macroproceso para el que todavía se está buscando en la abultada agenda y que tampoco es fácil de encajar por las restricciones a causa de la pandemia. La causa ha recaído en la Sección Primera y la ponente será la magistrada Eva Martínez Pérez.
El caso Isjoma era la tercera de los casos por presunta corrupción por las que había estado encausado Víctor López. Los tribunales le habían absuelto en dos de ellas, las presuntas irregularidades en las obras de la Plaza de Magallanes, que también llevaron a Llorens al banquillo; así como otras supuestas irregularidades en la adjudicación al empresario Enrique Ortiz de los trabajos de mantenimiento y limpieza en el Ayuntamiento de Alicante. En ambas causas quedó absuelto y solo quedaba el proceso de Isjoma.
Sus imputaciones judiciales acabaron provocando que se le apartara de estar al frente del área de Atención Urbana y en la actualidad ya estaba jubilado. En el juicio por la contrata del cementerio, se le vio muy deteriorado físicamente a causa de un cáncer que logró superar. Ahora ha pasado a engrosar la lista de las víctimas del covid, sin haber sido juzgado por las supuestas irregularidades en el caso Isjoma.
La Fiscalía Anticorrupción consideraba que los procesados permitieron un sistema de contratación paralela por el que la mercantil recibió un total de 858.636 euros de las arcas municipales entre los años 2003 a 2009 contratos a dedo, al margen de la contrata que ascendía a un total de 2,3 millones. A los técnicos les acusa de no supervisar la ejecución de los trabajos que les presentaba directamente el empresario. Asimismo, el Ministerio Público sostiene que en 2009, en el concurso para volver a adjudicar el servicio, el técnico Víctor López realizó un informe «para dar soporte pretendidamente técnico a una decisión que estaba tomada de antemano», adjudicar el servicio a Isjoma, pese a que la oferta de otra de las empresas, Alavés Montajes y Realizaciones, era hasta un millón de euros más barata.
Pérdidas
Esta mercantil fue la que puso la denuncia que inició el proceso. El perjuicio estimado para las arcas municipales por las presuntas irregularidades asciende a 340.000 euros: 296.918 por la indemnización que hubo que pagar a Alavés después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) anulara el contrato a Isjoma; así como otros 44.412 euros por los trabajos adjudicados al margen del contrato.
Para Víctor López se reclamaban tres años de cárcel y otros quince de inhabilitación, la misma pena que se pide para Llorens. A los exediles Llorens y Zaragoza se les acusa de haber manipulado al resto de los miembros de la mesa de contratación para dar el visto «a una resolución injusta y arbitraria». A Zaragoza se le acusaba además de haber filtrado información del concurso público para esta contrata.
