"Es muy injusto que el acusado de matar a mi hermana y a mi sobrina esté libre, sobre todo cuando hay tantas pruebas que apuntan hacia él. No lo entendemos... Parece que vale menos la vida de una rumana que la libertad de un español". Así entiende la familia de Isabell Elena Raducanu, asesinada el 11 de junio de 2019 tras ser estrangulada y recibir 37 cuchilladas en su piso de Xàtiva cuando estaba embarazada de seis meses —la niña también murió—, la puesta en libertad del hombre acusado del doble crimen, Juan Vicente A. N., que era su pareja sentimental.

"No solo es injusto. También es un error, que nos ha dolido profundamente a mi familia y a mí. Hay evidencias considerables de que él es el presunto autor de la muerte de mi hermana Isabell que aportó el grupo de Homicidios, a quienes agradezco el esfuerzo, la paciencia y la tenacidad, demostrando que son buenos policías. Esas pruebas no son ambiguas; se han demostrado por escrito e incriminan directamente a J. V. Si no, nunca lo habrían arrestado. Y tampoco lo habría mandado la jueza a la cárcel. Hay ADN, y eso es más fuerte que el testimonio de unos testigos, y esto no se tomó en cuenta cuando se decretó su libertad", lamenta Gavril Raducanu, el hermano de Isabell, que trata de buscar Justicia en nombre de toda la familia desde el Reino Unido, donde reside y trabaja.

Tal como ha venido informando Levante-EMV, Juan Vicente A. N. fue detenido el 13 de marzo de 2020, un día antes del inicio del primer estado de alarma, y al día siguiente fue enviado a prisión por la entonces jueza de Instrucción número 2 de Xàtiva, basándose en varias evidencias en su contra. La primera, el hallazgo de su ADN espermático en la vagina de la víctima del mismo día del crimen, pese a que afirmó no haber tenido relaciones desde hacía tres días. La segunda, el informe de posicionamiento de su móvil, que lo sitúa a la hora del crimen en su domicilio, pese a que había dicho que a esa hora estaba en su lugar de trabajo, en la Pobla Llarga. Y la tercera, el mismo estudio sitúa el móvil de la víctima, que nunca ha aparecido, pasadas las 14.08 horas en la Pobla Llarga cuando ya estaba muerta, es decir, que alguien tuvo que coger el teléfono de Isabell del piso de Xàtiva —posicionó toda la mañana en ese punto, hasta que alguien se lo llevó— y llevarlo a15 kilómetros, hasta la empresa de la Pobla después del asesinato de la mujer.

En su contra pesan también los mensajes entre la pareja que recuperó la Policía y que denotan las agresiones físicas e incluso alguna sexual y evidencian, en palabras de la jueza, que la relación no era como la había pintado él en sus declaraciones ante la Policía.

Y hubo más factores para que la Fiscalía pidiese prisión, como que la noche antes del crimen buscó en internet información sobre "policía nacional Xàtiva" o días antes rastreó si un supermercado próximo a la casa disponía de cámaras de seguridad.

En ese momento, la jueza también disponía del testimonio de tres amigas de Isabell, que han aportado todas sus conversaciones de Whatsapp con la víctima, en las que esta les confesaba que su pareja la maltrataba, la controlaba y había amenazado "con cortarle el cuello" —precisamente el modo en que acabó siendo asesinada— si seguía adelante con su decisión de romper con él.

Pese a todos esos indicios, y a petición de la defensa de Juan Vicente A. N., la Audiencia de València decidió conceder al presunto asesino el pasado 16 de febrero la libertad provisional bajo fianza de 15.000 euros, justo el día que llegaba al juzgado setabense el último informe de la policía emitido a petición de la jueza de Xàtiva como aclaración al contrainforme planteado por el abogado del encausado.

En cumplimiento del mandato de la Audiencia, Juan Vicente A. N. pudo salir finalmente de la cárcel de Picassent el pasado viernes, después de que un familiar hiciese efectivo el pago de los 15.000 euros en el juzgado.

Para Gavril Raducanu y el resto de la familia, esa excarcelación y la negativa a realizar todas las pruebas planteadas por su abogada denotan "que se ha favorecido considerablemente al acusado" y se perjudica el derecho a la Justicia de "mi hermana, un ser humano inocente, con un bebé inocente en sus entrañas, que merece toda la protección y respeto posibles de la ley española. Nos han dejado sin esperanza en la Justicia. Tenemos la sensación de que nos están ignorando porque no somos de origen español", lamenta.

"Proteger a los testigos era fundamental para proteger las pruebas"

La frustración y malestar de la familia de Isabell Elena Raducanu se han incrementado aún más, si cabe, tras conocer la última resolución de la actual jueza de Xàtiva, que sustituye desde hace solo unos días a la anterior, quien conocía la causa desde el principio y fue quien envió a Juan Vicente A. N. a prisión el 14 de marzo de 2020. La actual jueza rechazó hace una semana la protección de los testigos de cargo en esta causa -las tres amigas de Isabell que acreditan los malos tratos y las amenazas de muerte-, así como la de la familia y la de los tres testigos que dijeron en un primer momento que el acusado estaba trabajando a la hora del crimen.

"La protección de los testigos es una medida crítica y fundamental para proteger las pruebas. No entiendo por qué la jueza no ha pensado en eso", critica Gavril Raducanu, hermano de Isabell. De hecho, la jueza, tal como publicó este lunes Levante-EMV argumentó que esas medidas son "excesivas" para rechazar la petición de la acusación particular.

"Pensaba que en casos graves, como un atraco, no se fijaba una fianza, y desde luego, no tan pequeña. Pero es que, además, en este caso es un doble asesinato, es monstruoso... Eso me lleva a preguntarme qué es un delito muy grave para la Justicia española, y no sé cuál es la respuesta", concluye Gavril.