Tras un tortuoso camino iniciado a finales de los años 90 en el que el proyecto ha sorteado todo tipo de escollos e incluso llegó a darse por enterrado, la Ciudad de la Justicia de Alicante dio este miércoles un nuevo paso para convertirse en una realidad. El Diario Oficial de la Generalitat publicaba la aprobación definitiva del Proyecto de Reforma Interior de la zona, lo que permitirá al futuro edificio de los juzgados de Alicante tener dos alturas más de las cinco inicialmente previstas en los 39.000 metros cuadrados que tiene la parcela frente al Palacio de Justicia de Benalúa. Este trámite era necesario para poder continuar con la tramitación de esta infraestructura, donde el siguiente trámite será la aprobación del proyecto básico de ejecución en el que se adaptará el planeamiento del edificio a la nueva realidad urbanística.
Los últimos dos años han sido trabajos para superar escollos puramente burocráticos. Desde la conselleria de Justicia se ha venido insistiendo en que éste es un proyecto prioritario para el actual Consell.
La aprobación definitiva es resultado de la fase de exposición pública, en el que se recabó a las distintas administraciones implicadas informes a la modificación del cambio de volumetría. Entre ellos al Ministerio de Fomento, por si el mayor volumen del edificio podía suponer alguna incompatibilidad con las servidumbres de vuelos; distintas concejalías del Ayuntamiento de Alicante o la Conselleria del Territorio. Hasta once dictámenes de diversas administraciones, todos ellos favorables a los cambios en el proyecto. La propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, reconoció que había sido «un proceso administrativo complicado». El propio estado de alarma declarado hace un año afectó a la tramitación, dado que durante ese tiempo todos los plazos quedaron paralizados.
Las obras para acometer la futura Ciudad de la Justicia de Alicante supondrán una inversión de 67,4 millones de euros, según la Conselleria de Justicia
La Conselleria de Justicia trabaja ahora en la supervisión definitiva del proyecto básico, cuya aprobación está prevista para mediados del próximo mes de abril y en la elaboración del proyecto de ejecución con el objetivo de tenerlo a finales del mes de junio. La conselleria licitará las obras de 67,4 millones de euros en el último trimestre de este año 2021 y está previsto adjudicarlas en mayo de 2022. Por tanto, las obras están programadas para que se inicien en verano de 2022, según las previsiones de la Administración Autonómica.
El proyecto ha ido sufriendo retraso sobre retraso desde que se anunció en los años 90. Primero eran problemas urbanísticos con la parcela, ante los que llegaron a plantearse un traslado del edificio a Rabasa si con ello se iba a agilizar el proyecto. Finalmente los propios jueces optaron por quedarse donde se había previsto. Cuando parecía que el proyecto iba finalmente a ponerse en marcha, estalló la crisis económica de 2008 y llegaron las políticas de ajustes. Incluso, los accesos al futuro edificio se habían financiado con fondos del Plan E, un programa de inversiones con el que el Gobierno pretendía reactivar la economía. Ante la urgencia de adecuar las sedes judiciales, la Conselleria de Justicia del PP optó entonces por enterrar el proyecto de la Ciudad de la Justicia y acometer una reforma de los edificios de la Audiencia y de los juzgados. Cuando el proyecto ya se daba por enterrado, con Bravo al frente de la conselleria se acabó rescatando del letargo en el que parecía haber caído. En el antiguo acuartelamiento de San Fernando, donde se tenía que levantar el edificio, hoy hay un aparcamiento público.
La parcela sita en el antiguo acuartelamiento de San Fernando y frente al Palacio de Justicia de Benalúa tiene una superficie de 39.000 metros cuadrados
De los proyectos de reforma integral de los edificios se hizo la rehabilitación de la Audiencia y en Benalúa se han venido haciendo distintas actuaciones para adecuar las dependencias. Pero por muchas obras que se han hecho, hay una realidad que hace innegable la necesidad de un nuevo edificio. El actual Palacio de Justicia está al completo y en él ya no hay sitio para nuevos juzgados, a pesar de que la carga de trabajo impone que deben crearse más. En estos momentos, la conselleria tiene hasta cuatro locales alquilados para albergar algunos de estos nuevos órganos judiciales que se han puesto en marcha.
